Pide una copia de su pasaporte para comprobar la versión de los socialistas de que acudió a Argentina a ver a su hermana enferma
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -
El PPdeG reveló hoy que el Juzgado de Instrucción número 1 de Corcubión (A Coruña) ha exigido que se expida una comisión rogatoria a la República Argentina para que la hermana de la presunta agente electoral del PSOE pueda declarar desde este país sudamericano en calidad de testigo.
Además, la jueza que instruye el caso ha requerido una copia del pasaporte de esta mujer, con el objetivo de comprobar su paradero en el momento en el que María Isabel Blanco viajó a Argentina.
Para los populares, el testimonio y la comprobación del documento "dejarán al desnudo algunas de las mentiras" emitidas por varios altos cargos del anterior Gobierno gallego para "tapar un caso de financiación ilegal del PSdeG".
Además, a través de un comunicado, auguraron que el pasaporte de la hermana de Blanco servirá para aclarar la "mentira más grave de todas", es decir, que el billete de avión que la Xunta facilitó a la presunta agente electoral con destino a Buenos Aires en 2007 tenía como fin "permitir que pudiese visitar a su hermana enferma" en el país austral.
"Es falso. En el momento del viaje, su hermana residía en Vimianzo", sentenció el PPdeG, e interpretó que el objetivo del billete pagado era que Blanco "llenase desde Argentina la saca de votos de los socialistas visitando casa por casa a los gallegos de la diáspora", puesto que estaba fechado "en plena precampaña de las municipales".
ANTECEDENTES
El caso que instruye el juzgado de Corcubión fue destapado, a principios de 2008 por el PPdeG, que denunció que la Xunta liderada por PSdeG y BNG pagó con fondos públicos un billete de avión a una agente electoral socialista para que viajase a Argentina entre el 2 de abril y el 23 de mayo, justo antes de las pasadas elecciones municipales.
En un primer momento, los populares solicitaron una comisión de investigación en el Parlamento gallego pero, convencidos de que el Gobierno gallego "tapó" ciertos asuntos, decidieron llevar el caso a los tribunales.
Así, denunciaron que el entonces conselleiro de Traballo y secretario de Organización del PSdeG, Ricardo Varela, "permitió" que la asociación Viticultores do Castro "incumpliese las condiciones de la subvención" y "financiase a través de fondos públicos a una agente electoral".
Los populares dan por probado que esta agente electoral, María Isabel Blanco, no trabajó para la entidad ourensana sino para el entonces candidato socialista y responsable de Unións Agrarias en Costa da Morte, Félix Porto, a través de este sindicato. Precisamente, el regidor de Muxía fue imputado en este caso por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos y fraude en subvenciones.
De momento, el próximo miércoles deberán comparecer ante el juzgado el ex secretario xeral de Emigración, Manuel Luis Rodríguez; el ex director xeral de Promoción do Emprego, Álvaro Ansias; el máximo representante de Viticultores do Castro, Darío Rodríguez; y el representante legal de la asociación -que, además, es concejal del PSOE en Piñor-, David Fernández Ojea. Además, el juzgado ha pedido ha pedido información bancaria y datos sobre las cuentas de la entidad ourensana que contrató a la presunta agente electoral.
"SE VA ESTRECHANDO" EL CERCO
En opinión de los populares, el cerco "se va estrechando" en torno al PSdeG, puesto que sus altos cargos "pasarán por el juzgado" y porque las cuentas de sus asociaciones "fantasma" están siendo investigadas por la justicia.
Además, advierten de que la "cúpula" del partido está "en el punto de mira" de los tribunales, incluido el secretario de Organización de los socialistas gallegos, Pablo García, después de que el portavoz del PPdeG, Antonio Rodríguez Miranda, revelase un documento firmado por Darío Rodríguez en el que asegura que el ex responsable de Unións Agrarias fue quien "gestionó todos los trámites" que culminaron con la contratación de la presunta agente electoral.
