MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -
Un juzgado de Madrid ha admitido a trámite una demanda interpuesta por la sociedad que explotaba los servicios de hostelería del coso taurino en la que denunciaba que tuvo que pagar 50 millones de las antiguas pesetas en dinero B a la empresa que gestionaba la plaza, Taurovent, según una información de la cadena SER recogida por Europa Press.
Según esta información, desde marzo de 2006 este Juzgado de Madrid ha recibido distintas demandas. En primer lugar fue Taurovent, empresa que gestionaba Las Ventas (en la que eran socios Fidel San Román; el presidente del Real Madrid, Ramón Calderón; y el actual empresario de la plaza, José Antonio Martínez Uranga) quien demandó a la empresa Festejos y Espectáculos de Santander, encargada de los servicios de hostelería, porque les reclamaba 324.000 euros por los espectáculos musicales que se habían celebrado en Las Ventas en el 2005.
Como respuesta, la empresa Festejos y Espectáculos de Santander presentó otra demanda en la que negaba los hechos y aseguraba que "respecto al precio hay que decir que la cantidad que se pagó fue muy superior a la que se firmó en el documento, puesto que se exigió en dinero B, sin firma ni justificante contable alguno, la suma de 300.000 euros que fueron entregados en mano y en metálico".
La Comunidad de Madrid adjudicó a finales de 2006 la Plaza de Las Ventas al empresario José Antonio Martínez Uranga, debido a que el Ejecutivo regional decidió no prorrogar la gestión de la plaza a Taurovent después de que Fidel San Román fuera encarcelado en el marco de la operación Malaya. Según la información de esta cadena, fuentes autorizadas de este empresario han asegurado que estos hechos se remontan al 2005, cuando -aunque él figuraba como socio- la gestión de la Plaza de Las Ventas correspondía a Fidel San Román.
Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha archivado la querella que Simón Casas, el empresario que perdió el concurso de Las Ventas, presentó contra el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por un delito de prevaricación.
En su auto de archivo, el TSJM sugiere que se han podido cometer irregularidades administrativas. Así, señala que "las observaciones formuladas destacan la aparente comisión de irregularidades administrativas que podrían justificar quizá que prosperase una impugnación de la adjudicación del concurso ante l ajusticia de ese orden".
