El exregidor declara este miércoles en el juzgado por una querella a raíz de la subvención municipal para construir 18 viviendas
PINTO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
El exalcalde socialista de Pinto Antonio Fernández deberá declarar el miércoles por el 'caso Argentina' después de que el Juzgado de Instrucción número 6 de Parla, que instruye la causa, le haya solicitado que acredite documentalmente cómo la Fundación Pinares --que presidía el propio Fernández-- recibió el dinero por la venta de 18 viviendas financiadas por el Ayuntamiento de Pinto en la localidad hermanada de Pinto en Argentina, y dónde se destinó de manera "detallada" parte de ese dinero.
La declaración se enmarca en la querella por prevaricación, negociación prohibida a funcionarios y malversación contra el exregidor pinteño a raíz de que su Fundación cobrase la venta de estas 18 viviendas construidas en Argentina cuando, según estipulaba el convenio inicial de 2004, éstas se iban a ceder a gente con escasos recursos económicos.
En la declaración de febrero de 2010, a la que ha tenido acceso Europa Press, Antonio Fernández aseguró que "el precio de estas viviendas lo recibió" él en una cuenta personal "en una primera etapa" como presidente de la Fundación Pinares y que, posteriormente, se lo cedió a "un contador público" del país.
Según el exregidor, fue él el perceptor de estos ingresos porque "la Fundación no tenía cuenta en Argentina" al carecer de "personalidad jurídica" (no la tuvo hasta mayo de 2006).
Tras esta declaración, el juzgado ha pedido a Antonio Fernández que acredite documentalmente estas afirmaciones, así como que pruebe que, como dijo, "una parte" de la venta de estas viviendas "se ingresó en una cuenta del Banco Santander en España, gastándose otras sumas en partidas de personal, mantenimiento y festividades".
De esta manera, y según la providencia a la que ha tenido acceso Ep, el juzgado ha requerido a Fernández "la cuenta personal en la que ingresó el dinero procedentes de las ventas y país en que se encuentra", al tiempo que le reclama que "aporte movimientos de la misma durante los años 2006, 2007 y 2008".
Por otro lado, el juzgado pide conocer el "momento a partir del cual el contador públicos se encargó de los cobros", así como la "identidad y domicilio del mismo".
Por último, exige conocer el "destino dado a las cantidades obtenidas de las ventas, aportando --agrega-- justificación documental detallada".
