VALENCIA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
El juzgado de lo penal número 10 de Valencia ha condenado a un empresario valenciano, identificado como R.G.C., a dos años de cárcel por estafar a 28 trabajadores inmigrantes a los que pidió 250 euros y diversa documentación bajo la promesa de realizarles un contrato de trabajo y regularizar su situación, aunque posteriormente desapareció sin dar ninguna explicación, según informó hoy CCOO-PV en un comunicado.
El sindicato aseguró, en este sentido, que "no cejará en denunciar y demostrar cualquier situación de abuso contra el colectivo de trabajadores inmigrantes, asegurando la aplicación de la Ley hacia está prácticas ilícitas".
Según explicó CCOO, el pasado día 3 de marzo esta instancia judicial condenó al empresario, como autor de un delito continuado de estafa, a la pena de dos años de prisión con inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo, al abono de las costas, incluidas las de la acusación particular, y a indemnizar a las 28 personas inmigrantes con 250 euros cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en los artículo 248-1 y 249 en relación con el 74 del Código Penal.
El sindicato indicó que el empresario, a primeros de abril de 2005, "con ánimo de obtener provecho ilícito, bajo la promesa de realizarles un contrato de trabajo y tramitar la regularización de su situación en España, convenció a las 28 trabajadores inmigrantes para que le entregaran cada uno de ellos, además de diversa documentación, la suma de 250 euros en efectivo, cantidad de la que se adueñó" para desaparecer "seguidamente sin dar explicación de ello".
CCOO-PV indicó que los trabajadores inmigrantes "quedaron en una situación todavía más precaria, toda vez, que el condenado les había privado no sólo de un dinero necesario para su subsistencia sino además de la documentación original necesaria para regularizar su situación en España en un plazo perentorio".
Desde CCOO PV, sindicato que ha representado a los trabajadores inmigrantes, valoraron la sentencia porque con ella "ha quedado demostrado que quien la hace la paga, y que el peso de la Ley ha caído sobre este 'empresario' sin escrúpulos, que se aprovechó de estas personas con el objetivo de obtener un provecho ilícito".
