BARCELONA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia de Barcelona juzgará mañana a las dos modelos argentinas que fueron detenidas junto a su representante en el aeropuerto de Barcelona en octubre de 2006, con 15,8 kilos de cocaína en las maletas, y que ahora se enfrentan a penas de hasta once años de prisión por tráfico de drogas.
La mañana del 29 de octubre, las modelos Jessica Almada y María Belén Téllez, de 20 y 22 años, respectivamente, y su representante, Alejandro Panno, de 42, llegaron al aeropuerto de El Prat de Llobregat en un vuelo de Air Madrid procedente de Buenos Aires (Argentina) y Las Palmas de Gran Canaria.
Su equipaje fue sometido al control de infrarrojos y olfateado por los perros rastreadores de la Guardia Civil, que detectaron sustancias estupefacientes en su interior. Los agentes descubrieron que cuatro de las seis maletas tenían un doble fondo en el que encontraron 15,8 kilos de cocaína con una pureza del 37,9 por ciento, cuyo valor en el mercado negro hubiera superado el millón de euros.
Pese a que el representante de las chicas reconoció desde un principio que la droga era suya, la Fiscalía sostiene que "la mayor parte del equipaje fue facturado a nombre de María Belén Téllez" y que las maletas contenían ropa de hombre y de mujer, lo que demuestra que no pertenecían únicamente a Panno, como asegura éste.
Por esa razón, la Fiscalía considera a los tres procesados autores de un delito contra la salud pública con la agravante de notoria importancia, por el que solicita una condena de 11 años de prisión para cada uno de ellos, así como una multa de 2,1 millones de euros para cada uno.
Sin embargo, las defensas de las modelos alegan que las dos chicas desconocían la existencia del doble fondo de las maletas, y que viajaron a Barcelona con el objetivo de realizar una sesión fotográfica en Manresa (Barcelona) que les había conseguido su representante, con quien únicamente mantenían una relación profesional.
Los tres imputados se encuentran en prisión provisional desde el 31 de octubre de 2006, una medida cautelar ratificada en abril de 2007 por la Sección Séptima al entender que existe un gran riesgo de fuga por la condición de extranjeros de los acusados, y teniendo en cuenta "la naturaleza y la gravedad de los hechos".
