Juzgan hoy a dos peritos y un constructor en Cádiz por presunto delito contra la ordenación del territorio

Actualizado: miércoles, 22 octubre 2008 9:30

CÁDIZ, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Cádiz juzga hoy a seis personas, entre ellas un constructor y dos peritos, por un presunto delito contra la ordenación del territorio, así como falsificación de documentos oficiales y delito continuado de estafa supuestamente cometido en Chiclana de la Frontera (Cádiz).

Según el escrito de calificación fiscal al que tuvo acceso Europa Press, los hechos se remontan a 2002 cuando una mujer vendió a una empresa de construcciones, representada por uno de los acusados, una finca rústica en el Pago Melilla del término municipal de Chiclana.

Meses más tarde, ya en el año 2003, la empresa constructora realizó una escritura pública de obra nueva a favor de otra empresa, representada por otra de las acusadas. Para ello, ambos contactaron un arquitecto técnico (también acusado) para que indicara en el documento una serie extremos "del todo inciertos", como que en la citada finca ya existía una construcción destinada a viviendas con una antigüedad de cinco años.

Por otro lado, una de las acusadas contactó con otro acusado para realizar dos nuevas escrituras de compraventa con el fin de justificar la existencia de más metros cuadrados de la finca. Posteriormente, la misma acusada en calidad de promotora, contrató a un constructor (también acusado) para que realizara las obras sin ningún tipo de licencia. Dichas obras fueron paradas por el Ayuntamiento de Chiclana, aunque a pesar del precinto, siguieron ejecutándose.

Una vez ejecutada la vivienda, contactaron con un ingeniero técnico industrial para lograr el otorgamiento de escritura de obra nueva. Finalmente, vendieron tres apartamentos por 95.000, 84.000 y 80.000 euros, curiosamente las tres a personas de nacionalidad extranjera.

Por todo ello, la Fiscalía pide penas de hasta seis años por el delito de estafa para uno de ellos, además de dos años por el delito contra la ordenación del territorio, así como la demolición de las viviendas y la devolución del importe a los compradores.