MÁLAGA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga tiene previsto juzgar hoy y mañana al ex alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz y a otros siete ex ediles por un delito contra la ordenación del territorio por la concesión de la licencia de obras a la empresa Laelco para la construcción de 89 apartamentos y garajes sobre suelo calificado de rústico primero y no urbanizable posteriormente.
Este juicio fue suspendido en mayo y en noviembre del año pasado, en este último caso porque el ex concejal marbellí Tomás Reñones renunció a su defensa tras surgir "diferencias" en el criterio. La Fiscalía solicita dos años de prisión y 10 de inhabilitación para cada uno de los procesado y está fijado que quede visto para sentencia el viernes día 18 de enero.
En este caso están acusados, además del ex regidor, que está ya en la cárcel malagueña de Alhaurín de la Torre en segundo grado, los entonces ediles Rafael González, José Luis Fernández Garrosa, Tomás Reñones, Javier Lendínez --todos imputados en el caso 'Malaya'--; así como Marisa Alcalá, José Luis Troyano y Alberto García.
Según las conclusiones provisionales de la acusación pública, a las que tuvo acceso Europa Press, los acusados, todos integrantes de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento marbellí, concedieron en julio de 1999 un permiso de obras a la entidad Laelco Inversiones SL, para construir en la urbanización Guadalpín Norte de dicha localidad malagueña 89 apartamentos y garajes.
Esta concesión se realizó "a sabiendas de que la licencia contravenía las normas urbanísticas vigentes aplicables a la parcela para la que se concedía el permiso de obras". Así, el fiscal entiende que en ese momento la normativa vigente era el Plan de Ordenación Urbana de 1968, que calificaba la parcela como suelo rústico de control; y, a partir del decreto 16/1981 como suelo "no urbanizable".
El ministerio público explica en su escrito que se aplicaba el plan del 68, porque el de 1986 "era inexistente" en ese momento, al no ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) hasta el 28 de noviembre de 2000; ocurriendo lo mismo con la revisión de 1998 "por falta de autorización y publicación".
No obstante, la acusación pública precisa en su relato de hechos que la licencia tampoco sería lícita conforme al plan de 1986, que permitía una edificación de viviendas unifamiliares adosadas, "evidentemente con un volumen de edificabilidad muy inferior al otorgado en la licencia de obras concedida".
El fiscal señala que el expediente para la concesión del permiso incluía un informe pericial de los arquitectos municipales "referidos exclusivamente" a la adecuación de la licencia de obras al PGOU de 1998 "totalmente inexistente por su falta de autorización y publicación".
