Fiscalía de Valladolid pide para él una pena de tres años de prisión
VALLADOLID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Tudela de Duero (Valladolid) en las últimas elecciones se sentará este lunes en el banquillo de la Audiencia provincial para responder de un delito de apropiación indebida presuntamente cometido en 2005 cuando, al parecer, extrajo en beneficio propio de la cuenta de su entonces amiga y socia en el intento de abrir un bar-restaurante un total de 43.000 euros que ésta había ingresado para tal fin.
En su escrito de calificación provisional, el Ministerio Fiscal solicita para el imputado una pena de tres años de cárcel, el pago de una multa de nueve meses y la obligación de indemnizar a la víctima con un total de 43.000 euros, con el interés legal correspondiente desde la fecha del día 31 de julio de 2006, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Los hechos, siempre según el relato de la acusación pública, se remontan a la relación de amistad y laboral que mantenían el acusado y la víctima, ya que el primero trabajó para la segunda como camarero entre el 25 de septiembre de 2003 y el 30 de noviembre de 2004 en el Bar Hora Cero que regentaba en la calle Librería de Valladolid.
Fue en abril de 2005 cuando el procesado convenció a su amiga y jefa, Ana María G.G, para montar ambos un negocio de bar-restaurante, a cuyo fin acordaron abrir una cuenta en 'La Caixa' a nombre de ambos con el compromiso de ingresar en la misma cada uno 30.000 euros.
Así lo hizo Ana María G.G, que el 31 de mayo de 2005 ingresó un talón por importe de 49.000 euros del traspaso de un negocio de bar. Por su parte, el acusado efectuó el día 3 de junio de ese año un reintegro por importe de 30.000 euros y seis días más tarde otro más de 13.000 euros, extracciones que pretendió justificar con el pretexto de que había encontrado un local del que iba a pagar el traspaso, cuando en realidad destinó el dinero obtenido para usos propios.
Tras lo ocurrido, Ana María G.G. quedó en una situación de precariedad económica, al no haber podido hacer frente a dos créditos suscritos con el BBVA por importe de 5.910 y 2.918 euros, para cuya cancelación ingresó 19.000 euros por encima de la cantidad inicialmente acordada con el acusado.
