El fiscal pide 18 meses de prisión y ocho años de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio
MÁLAGA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Lo Penal número 7 de Málaga tiene previsto juzgar mañana miércoles día 17 y el viernes día 19 al ex alcalde de la localidad malagueña de Marbella Julián Muñoz y a otros cinco ex ediles, miembros de la comisión de gobierno en 1998, por conceder una licencia para la construcción de 108 viviendas en suelo clasificado como zona deportiva de uso público en el Plan General de Ordenación Urbana de 1968.
La comisión de gobierno del Ayuntamiento marbellí, con Muñoz como alcalde accidental e integrada por Rafael González, Mario Jiménez, Manuel Calle, María Luisa Alcalá y Dolores Zurdo, aprobó en marzo de dicho año conceder licencia de obras a las entidades Jotsa y Promotorauno para la construcción de un edificio de 108 viviendas, locales comerciales y aparcamientos en la avenida Príncipe de Asturias de San Pedro de Alcántara.
Dicho permiso se otorgó "pese a que se autorizaba a edificar en un suelo que de acuerdo con las normas urbanísticas aplicables --que eran el PGOU del 68-- estaba clasificado como zona deportiva de uso público", según indica el fiscal en sus conclusiones provisionales a las que tuvo acceso Europa Press; calificación de la parcela que luego se mantuvo en el plan de 1986.
Así, el uso era "incompatible" con la autorización concedida, lo que era "conocido por los acusados", quienes decidieron, según la acusación pública, conceder la licencia de obra "sobre la base de su adecuación a las determinaciones de un documento de revisión del planeamiento municipal que el equipo de gobierno estaba llevando a cabo".
Dicha revisión no había sido aprobado definitivamente por el ente supramunicipal competente, en este caso la Junta de Andalucía. De hecho, el ministerio público recuerda, como en otras calificaciones provisionales, que la Comisión Provincial de Urbanismo denegó en 1998 la aprobación definitiva de dicha revisión promovida por la Corporación municipal.
Para el fiscal, los hechos son constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio, por el que pide para Muñoz y para los cinco ex ediles la pena de 18 meses de prisión y ocho años de inhabilitación especial para cargo público al considerarlos coautores de dicho delito; mientras que al que fuera alcalde marbellí Jesús Gil, lo consideraba inductor del mismo. Asimismo, solicita la nulidad de dicha licencia.
