MÁLAGA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga tiene previsto juzgar desde mañana lunes y hasta el miércoles al ex alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz, al que fuera asesor de Urbanismo marbellí, Juan Antonio Roca, y al ex primer teniente de alcalde Pedro Román -todos procesados en el caso 'Malaya'-, además de a seis ex ediles por la concesión a la empresa Incopromar de una licencia para un edificio de 66 viviendas en la avenida del Mar marbellí.
La Fiscalía de Málaga acusó en sus conclusiones iniciales, a las que tuvo acceso Europa Press, a Muñoz y a los ex ediles Rafael González, también procesado en el caso contra la corrupción municipal; Mario Jiménez, José Pomares, Manuel Calle, Juan Antonio Yagüe -está en paradero desconocido- y Marisa Alcalá, de un delito contra la ordenación del territorio, por el que pide 18 meses de prisión y ocho años de inhabilitación.
En ese escrito, el fiscal no acusa a Roca ni a Román, para los que pedía el sobreseimiento provisional, pero sí lo hizo la acusación popular en nombre de la ex primer teniente de alcalde Isabel García Marcos, que acusó al primero de un delito contra la ordenación del territorio y de otro de prevaricación y al segundo, sólo por éste último. Los Verdes e IU también ampliaron su acusación en este sentido. El abogado José Luis Sierra también está acusado.
Para el fiscal, la comisión de gobierno de 4 de julio de 1997, con Muñoz como presidente accidental, concedió una licencia de obras a la entidad Incopromar para un edificio de 68 viviendas, locales comerciales y aparcamientos en la avenida del Mar, "pese a que" se trataba de un suelo considerado como viario y destinado a uso público, según las normas aplicables del plan urbanístico de 1968.
Como en otros casos, la acusación pública especifica que el permiso se dio "sobre la base de su adecuación a las determinaciones del documento de revisión del planeamiento municipal", que, sin embargo, "no había sido objeto de aprobación definitiva por la entidad supramunicipal competente", es decir, la Comisión Provincial de Urbanismo, que, de hecho, posteriormente denegó su aprobación.
Por contra, el escrito de acusación de García Marcos, al que tuvo acceso Europa Press, incluye el convenio de permuta con la empresa, participada por el periodista Antonio Herrero, que, según precisa, había sido negociado, "siguiendo instrucciones y con el visto bueno de Jesús Gil", por el entonces gerente de Planeamiento 2000, Juan Antonio Roca.
Esta parte entiende que se vulneraron los principios elementales del ordenamiento jurídico con esta operación, que se aprobó "a sabiendas de su ilegalidad", en una comisión de gobierno donde estuvo Román. Posteriormente, el escrito precisa que se otorgó la licencia de obra, pese a haber en el expediente "informes de los servicios técnicos contrarios a tal resolución".
Por tanto, esta acusación pidió para Román, Muñoz, González Carrasco, Jiménez Notario, Calle, Alcalá y Roca la pena de 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación, y solicitó, además, para éstos -excepto Román- y para Pomares, Yagüe y el abogado José Luis Sierra otros 10 años de inhabilitación para cargo público y seis meses de prisión.
Este juicio fue suspendido en mayo de este año, después de que Roca acudiera a la vista oral sin abogado, ya que el escrito de nombramiento de letrado por parte de éste, remitido desde la cárcel, no constaba en la causa.
Desde el despacho del abogado nombrado por Roca precisaron a Europa Press que "no se ha recibido notificación por parte del juzgado haciéndole saber que ha sido designado como letrado ni preguntándole si acepta esa personación, como marca la ley", y, por tanto, no se le ha dado traslado de las actuaciones.
