La Fiscalía pide 11 años de cárcel para ellos y penas de hasta cuatro años para seis jóvenes más por las lesiones de otros tres agentes
BARCELONA, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia de Barcelona juzgará a partir de mañana a los tres jóvenes acusados de dejar en coma a un guardia urbano --que sigue en estado vegetativo dos años después-- durante los altercados del 4 de febrero de 2006 en la calle Sant Pere més Baix del distrito de Ciutat Vella de la capital catalana, donde un edificio 'okupado' albergó esa madrugada una macrofiesta ilegal que reunió a más de 1.000 personas.
La Fiscalía pide 11 años de cárcel para Rodrigo Andrés L.H., chileno de 23 años; para Álex C.A., de 27 años y también chileno; y para Juan Daniel P.G., argentino de 24. A los tres --en prisión provisional desde que ocurrieron los hechos-- les aplica el delito más agravado de lesiones, a la vez que el de atentado contra la autoridad, y les reclama el pago de una indemnización de 520.000 para la familia del urbano. El agente, que tiene 41 años y cuatro hijos menores, ha quedado en estado de invalidez permanente.
Estos tres jóvenes, sin embargo, no son los únicos acusados, ya que otras seis personas --tres chicos y tres chicas-- afrontan penas de entre dos y cuatro años de prisión a raíz del enfrentamiento con la Policía municipal, en el que resultaron heridos de menor consideración otros tres agentes. La Fiscalía considera a Patricia H.M., Alfredo Carlos P.M., Heike B., Jordi M.G., Alejandro C.R. y Silvia R.O. responsables de presuntas faltas de lesiones y de atentado contra la autoridad.
La acusación particular ejercida por la familia del urbano que quedó en coma solicita la misma pena que la Fiscalía para todos los acusados, mientras que el Ayuntamiento de Barcelona --propietario del inmueble 'okupado'-- y la acusación particular ejercida por los otros agentes heridos elevan a 12 años de cárcel su petición de condena para los tres principales acusados, y piden entre tres y cinco años de prisión para los otros seis.
Rodrigo Andrés L.H., Álex C.A. y Juan Daniel P.G., por su parte, siempre han negado su participación en los altercados y llegaron a estar un mes en huelga de hambre durante el verano de 2006 para reclamar que se respetase el derecho a la presunción de inocencia y exigir su puesta en libertad. En su declaración en el juzgado, además, denunciaron haber sido maltratados por la Policía, pero esta parte de la investigación fue archivada y está pendiente de recurso.
AGRESIÓN CON PALOS, BOTELLAS Y PIEDRAS.
Los hechos se remontan a las 3.30 horas del 4 de febrero de 2006, cuando los agentes heridos realizaban tareas de vigilancia en las inmediaciones del inmueble del número 55 de la calle Sant Pere més Baix, donde estaba prevista una macrofiesta. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, debían prevenir incidentes y molestias para los vecinos, que se habían quejado de las fiestas que se celebraban "periódicamente" en el edificio.
La noche transcurrió sin incidencias, hasta que hacia las seis de la madrugada se denegó la entrada al inmueble a un grupo de entre 20 y 30 personas. Según la Fiscalía, el grupo consideró a los agentes responsables de la negativa y empezó a insultarles e increparles. Poco después, "fruto del concierto previo que habían llevado a cabo", estas personas presuntamente se dirigieron a los urbanos "con actitud agresiva", portando algunas de ellas "palos, botellas y piedras".
Los agentes se situaron en posición defensiva y, frente a ellos, supuestamente se hallaban Rodrigo Andrés L.H., Álex C.A. y Juan Daniel P.G., a quienes la acusación pública atribuye "una actitud de iniciativa respecto al avance hostil del grupo". Según su versión, Rodrigo lanzó entonces una piedra que impactó en la frente del guardia urbano, quien cayó de espaldas al suelo tras sufrir un mareo o pérdida de sentido.
El agente se dio un "violento" golpe en la cabeza y quedó tendido en el pavimento, momento en el que presuntamente Álex tiró una segunda piedra que impactó en el mismo agente cuando se hallaba tumbado en la calzada. Según las acusaciones, mientras esto sucedía Juan Daniel "gritaba frases y expresiones alentando al grupo a continuar la agresión", llegando a exclamar: "Perro cabrón, nos lo hemos cargado".
La Fiscalía señala que, en ese momento, los tres acusados y otras personas del grupo agresor arreciaron en el lanzamiento de objetos --piedras, botellas y latas-- hacia los urbanos, quienes intentaban "proteger el cuerpo de su compañero". Desde el balcón del edificio, según la acusación pública, también empezaron a arrojar objetos hacia los agentes, quienes se vieron rodeados por un segundo grupo agresor.
Finalmente, varias patrullas policiales se personaron en el lugar y los presuntos agresores se dispersaron. Todos los acusados fueron detenidos en las inmediaciones del inmueble, excepto Alfredo Carlos P.M. y Patricia H.M., que fueron arrestados en el Hospital del Mar de Barcelona. Además del urbano herido de gravedad, a consecuencia de la agresión tres de sus compañeros sufrieron contusiones y varios arañazos.
OBSERVADORES PARA GARANTIZAR IMPARCIALIDAD.
Durante el juicio, que celebrará la Sección Octava de la Audiencia de Barcelona y está previsto que se alargue toda la semana, estarán presentes como observadores la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona y el Observatorio de Derecho Penal y de Derechos Humanos de la Universitat de Barcelona para que las sesiones se desarrollen con "imparcialidad", según informaron en un comunicado.
Las defensas y las familias de Rodrigo Andrés L.H., Álex C.A. y Juan Daniel P.G. han denunciado en varias ocasiones la "parcialidad" que, a su entender, han mostrado la juez instructora y la Sección Octava durante todo el proceso. Por ello, también acudirán al juicio organizaciones catalanas como Justicia y Paz, Memoria contra la Tortura y la Asociación de Cristianos por la abolición de la Tortura. También estará presente el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de Chile, Jaime Naranjo.
Por otra parte, Amnistía Internacional dedicó un capítulo al caso en su último informe, y en Barcelona y Buenos Aires se han producido en los últimos meses concentraciones para pedir la puesta en libertad de los jóvenes.
