MALAGA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga tiene previsto celebrar mañana un juicio contra el ex alcalde de la localidad malagueña de Marbella Julián Muñoz por un delito contra la ordenación del territorio tras la denuncia presentada por dos vecinos, proceso en el que el fiscal no acusa. No obstante, también están imputados el que fuera concejal marbellí Pedro Román, su hijo Antonio Román y el administrador único de una empresa, Juan D.C.
En las conclusiones provisionales de la acusación particular, a las que tuvo acceso Europa Press, se explica que la entidad Development Project era propietaria de una parcela al norte de la urbanización Marbella Sierra Blanca, terrenos calificados como reserva de autopista y alternativamente como zona verde privada y en los que se comenzaron obras en septiembre de 1998.
Así, los denunciantes consideran que dichas actuaciones "excedían de la licencia solicitada y concedida", ya que se autorizó sólo la habilitación de un camino de acceso al interior de la parcela y posterior asfaltado, aunque se terminó instalando una red de alumbrado, saneamiento, abastecimiento de agua y farolas.
Estiman, en su escrito inicial, que esa licencia fue concedida por el alcalde accidental Julián Muñoz "a sabiendas de su ilegalidad", por lo que piden para éste la pena de un año de cárcel y ocho de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio, aunque subsidiariamente le imputan un delito de prevaricación. Además, pide que se ordenen la demolición de la obra de urbanización.
Para el ex concejal Pedro Román solicita dos años y seis meses de prisión y dos de inhabilitación, considerando que concurre la circunstancia agravante de prevalerse de su puesto como edil en el Consistorio marbellí; mientras que para su hijo y para el administrador de la entidad solicita dos años y un mes de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación.
Por su parte, el fiscal cree que los hechos no son constitutivos de delito y pide la libre absolución para los cuatro, al indicar que el vial y las obras de urbanización realizados "no afectan a Monte Público ni a la Reserva Nacional de Caza de la Serranía de Ronda" y además estima que "no consta" que la autorización de las actuaciones ejecutadas al margen de la licencia "fueran determinadas por la mediación" de Pedro Román o de su hijo.
