SAN SEBASTIAN, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -
La directora de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco, Maixabel Lasa, pidió hoy al alcalde de la localidad guipuzcoana de Azkotia que "reconsidere la presentación de la moción" del equipo de Gobierno municipal (PNV-EA) en la que reivindican el derecho de los asesinos de Ramón Baglietto, Kandido Azpiazu e Iñaki Zuazolazigorra "a reorganizar sus vidas".
En declaraciones a Europa Press, Lasa señaló que ha hablado con el alcalde de Azkoitia para mostrarle su "preocupación" por la "situación provocada en el pueblo" y para pedirle que reconsidere la presentación de la citada moción.
A su juicio, para que se produzca "una reinserción con todas las consecuencias los terroristas tienen que pedir perdón, reconocer el daño causado y cumplir con la ley y la condena impuesta, es decir, los años de cárcel y la responsabilidad económica contraída". "Si no están estos supuestos cualquier reconciliación resulta una broma de mal gusto para las víctimas", agregó.
Asimismo, la directora de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco hizo referencia a la manifestación convocada en Azkoitia para este sábado en solidaridad con Azpiazu y Zuazolazigorra, a la que calificó de "atentado contra la sensibilidad y una provocación para las víctimas del terrorismo".
En la misma línea, subrayó que las instituciones deben ser "especialmente respetuosos para no herir y ofender la memoria de las víctimas". Por ello, confió en que en la localidad guipuzcoana "los partidos que están en el Gobierno municipal piensen y actúen en consecuencia".
Maixabel Lasa insistió en que cuando se condena a los terroristas no es "sólo con una pena de cárcel sino con una cantidad económica que tienen que aportar a la familia". En ese sentido, recordó que, como en este caso se declaran insolventes, "es el Estado el que a partir del año 1999 se hace cargo de esas cantidades". "Pero lo que no es de recibo es que estos cumplan de la condena de años y se olviden de la otra", apuntó.
Por último, indicó que el Estado "tiene la obligación" de hacer un seguimiento de "cuando salen de la cárcel, a ver de que forma se manejan". De este modo, manifestó no ser de la opinión de "que hay que dejarles sin agua y sin pan" pero abogó por "buscar los resortes legales para que vayan devolviendo ese dinero, poco a poco al Estado, porque el Estado es el que paga pero pagamos todos al final".
