5 de agosto de 2020
14 de noviembre de 2014

Lesmes avisa que "lo más relevante no es el número de jueces, sino su calidad" y nuestra Justicia es de las más baratas

El presidente del CGPJ defiende que se reduzca el aforamiento de los políticos y no tanto el de jueces y fiscales

Lesmes avisa que "lo más relevante no es el número de jueces, sino su calidad" y nuestra Justicia es de las más baratas
EUROPA PRESS

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha advertido de que "lo más relevante para la calidad de la Justicia no es el número de jueces, sino la calidad de ellos y del sistema procesal" y ha puesto de relieve que la Justicia española es de las "más económicas" de la Unión Europea.

En una entrevista publicada en el primer número de Thomson Reuters La Revista, recogida por Europa Press, Lesmes ha atribuido la disminución de la litigiosidad "no solamente" a las tasas judiciales, sino también a la crisis económica y a la utilización de medios alternativos de resolución de conflictos. "La calidad de la Justicia no creo que deba ser vinculada a la cantidad de jueces que tiene un país. Tiene que ver más con la calidad de los mismos", ha remachado.

El presidente del órgano de gobierno de los jueces ha destacado además que las medidas de regeneración democrática pueden conllevar una reducción de aforamientos, pero "fundamentalmente" dirigido a los que tienen responsabilidades políticas y "no tanto" hacia los jueces y los fiscales.

Lesmes ha argumentado que si la medida de limitación de los aforamientos se dirige solo a los miembros de la Carrera Judicial y Fiscal le "parecería mal". Esta idea fue sugerida por el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en una propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ahora será retocada por su sucesor, Rafael Catalá.

En el caso de que se produjera una "sensible" reducción de los aforamientos en el caso de los jueces, Lesmes ha afirmado que debería venir acompañada de otras medidas de protección, como la existencia de una autorización previa para proceder contra un magistrado o reservar el ejercicio de la acción penal contra jueces o fiscales al Ministerio Fiscal.

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