El anteproyecto del Ministerio de Economía suprime la incompatibilidad para ejercer como abogado y procurador
MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
El anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, que suprime la incompatibilidad entre procuradores y abogados, pone en peligro los 50.000 puestos de trabajo que genera directamente la Procura, una actividad que aporta 800 millones de euros al Producto Interior Bruto (PIB), lo que representa el 0,77%.
Así lo revela un informe elaborado por la consultora Price Waterhouse Coopers (PwC) para el Consejo General de Procuradores de España (CGPE), bajo el título un 'Análisis del impacto económico de la Procura y los costes de supresión de la incompatibilidad con la Abogacía'.
El estudio destaca la "preocupación y gran inquietud" que ha despertado entre los procuradores este anteproyecto del Ministerio de Economía, con el que desaparece su reserva en la representación procesal, y que traerá consigo una serie de "efectos negativos" para la ciudadanía.
En concreto, refiere que se deteriorará el funcionamiento de la Justicia y el contribuyente soportará "un mayor coste" por el "acondicionamiento de la infraestructura y la adaptación de sistemas telemáticos".
"La actividad de la Procura en España supone una contribución al PIB total de 800 millones de euros, lo cual representa un 0,77% del PIB de España en 2012", destaca el análisis de la consultora, que destaca el "duro golpe" en materia de desempleo que causará la reforma.
En cuanto al funcionamiento de los tribunales, el informe advierte de que esta norma "alargará los plazos del procedimiento". La supresión de la incompatibilidad hará necesario crear un nuevo servicio de recepción de notificaciones, que sería gestionado por los propios procuradores.
"Esto supondría duplicar la infraestructuras creadas a tales efectos por los procuradores, compuesta por 450 oficinas de traslado de copias y salones de notificaciones ubicados en sedes judiciales de toda España", destaca el informe.
NUEVAS INFRAESTRUCTURAS
Los procuradores tramitan 80 millones de notificaciones al año. Los servicios de notificaciones están gestionados actualmente por los 67 Colegios de procuradores, que abarcan, con sus correspondientes delegaciones, a "coste cero" para la Justicia y para los ciudadanos ya que son sufragados por los Procuradores.
Por lo tanto, los abogados o las Administraciones públicas tendrían que hacerse cargo de nuevas infraestructuras, con el correspondiente "incremento de los costes para la ciudadanía y más dilaciones para los justiciables".
Por último, el informe advierte de que la supresión de la incompatibilidad obligaría a proporcionar el acceso de todos los abogados a la plataforma telemática de intercambio de información del Ministerio de Justicia, Lexnet, lo que "cuadriplicaría" el número de usuarios al pasar de 45.000 a más de 170.000.
"Para poder afrontar el incremento de los usuarios, habría que realizar inversiones que serían financiadas por la Administración Pública --léase los contribuyentes--", indica, para advertir de la dificultad de conseguir a corto plazo un sistema óptimo.
El Consejo General de los Procuradores ha alertado de que pasarán años hasta que los nuevos servicios de notificaciones estén operativos y a pleno rendimiento, con lo que la Justicia se verá "notablemente deteriorada" y acumulará retrasos durante este tiempo.
