MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
El fiscal Anticorrupción Juan Pavia defendió hoy en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por el denominado "fraude del lino", consistente en la obtención irregular de ayudas de la UE para la transformación de esta planta para su uso textil, la competencia de esta sede judicial para enjuiciar los hechos y calificó de "falacia" el argumento de las defensas de que "no existió fraude generalizado" al alegar que la cuantía defraudada careció de significativa cuantía para repercutir en la economía nacional. El representante del Ministerio Fiscal recordó que la investigación se inició a raíz de una denuncia presentada en marzo de 2001 por la entonces ministra de Agricultura y ex comisaria europea Loyola de Palacio por fraude de subvenciones y malversación de caudales públicos. Por ello, replicó que "el órgano de máxima responsabilidad" planteo en su día la competencia de este órgano para enjuiciar los hechos. Igualmente, el fiscal subrayó que la Unión Europea sancionó en 2001 a España por este fraude a los fondos euorpeos con la perdida de ayudas agrarias estimadas en 113 millones de euros. Precisó que de los 19 acusados, entre ellos el ex presidente del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) Nicolás López de Coca, la mayoría eran propietarios de empresas transformadoras de lino.
"Desde el punto de vista de los agricultores no habría un fraude generalizado, pero sí teniendo en cuenta que en aquella época operaban en España 16 transformadoras de lino, de las cuales siete de sus propietarios están en el banquillo de los acusados", agregó.
FALSEDAD PARA DEFRAUDAR.
Respecto al delito de falsedad en documento oficial o mercantil, el fiscal insistió en que se trató de "una falsedad al servicio de un fraude a las subvenciones comunitarias" y añadió que "muchas personas no tuvieron ayudas porque se las denegaron".
El abogado del Estado, así como el resto de las acusaciones personadas en la causa, que representan a las Comunidades Autónomas de Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Aragón, se adhirieron a los argumentos esgrimidos por el fiscal.
En su exposición, Pavia también se opuso a la pretensión de las defensas de anular su escrito de acusación al haberlo presentado fuera del plazo de 15 días concedido una vez que se dictó en marzo de 2003 el auto de apertura de juicio oral. Además, consideró que esta petición "transgrede las normas procesales de la buena fe".
El fiscal sostuvo, asimismo, que Anticorrupción presentó su escrito de calificación en "el plazo correcto" y precisó que "se solicitó la prórroga del periodo concebido", dado que "este proceso es muy complicado y tiene una enorme documentación".
LLAMADAS DE LÓPEZ DE COCA
También se refirió a la petición de nulidad de las llamadas telefónicas intervenidas al ex subsecretario de Agricultura López de Coca al ex consejero de Agricultura de Castilla La Mancha y aseguró que en la causa consta que el acusado "sí fue interrogado" en los Juzgados Centrales de Instrucción sobre esta cuestión, en contra del argumento de su abogado, que adució que el acusado no declaró en toda la fase de instrucción sobre este aspecto.
"López de Coca declaró sobre estas llamadas y no puede decir que hubo acusación sorpresiva", agregó el representante del Ministerio Fiscal, que añadió que el acusado, quien se enfrenta a 3 años de cárcel y una multa de 30.000 euros, ya tuvo ocasión de defenderse.
Asimismo, el fiscal se opuso a la prescripción del delito de tráfico de influencias por el que se acusa al ex presidente del FEGA, puesto que, según detalló, la declaración se tomó en febrero de 2002 y las llamadas telefónicas corresponden a enero de 1999.
La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado le acusaron en su escrito de acusación de presionar al ex consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha para modificar una Orden autonómica que excluía a sus hijos y otros familiares de la obtención de ayudas de la UE.
