Afirma que la crisis económica no "tiene por qué discriminar" entre trabajadores "autóctonos" e inmigrantes
MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, avanzó hoy la posibilidad de que el Gobierno acorte de 10 a 5 años el plazo máximo para que un inmigrante que haya sido expulsado de España intente regresar a este país.
Así lo indicó en un desayuno informativo en la Casa de América, donde subrayó que este cambio vendrá motivado por la directiva europea de retorno, que entrará en vigor en dos años, y que afectará a España sólo en este punto.
La directiva de retorno, aseguró, "prácticamente no va a tener ninguna influencia" en España, dado que este país cuenta con una de las legislaciones "más garantistas" en materia de inmigración. Eso sí, señaló, esta norma obligará "seguramente" a España a "bajar" el plazo máximo de 10 años que se puede imponer a un inmigrante que haya sido expulsado. La directiva "habla de cinco" años, recordó.
"Se está estudiando cuál" será la "aplicación" de esta obligación, dijo López Garrido, que apuntó "una interpretación posible" que lleve "a cambiar la Ley de Extranjería en esa línea" con el fin de mejorar las condiciones de los inmigrantes, que es el objetivo que busca la directiva, cuya declaración anexa advierte de que ningún país podrá usar esta norma para empeorar las condiciones de los inmigrantes. "En lo demás --insistió-- la directiva de retorno no afecta para nada a los países que tengan situaciones de mayor garantía" para los inmigrantes, como es el caso de España.
El artículo 58 de la Ley de Extranjería dice que "toda expulsión llevará consigo la prohibición de entrada en territorio español por un período mínimo de tres años y máximo de diez". El artículo 11.3 de la directiva de retorno indica que, en principio, la duración de la prohibición de entrada no será superior a cinco años, aunque podría rebasarse si la persona en cuestión "representa una amenaza grave para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional".
EXTENDER EL PLAZO DE RETENCIÓN, "EN ESTUDIO"
El secretario de Estado para la UE recordó asimismo que el Gobierno estudia extender el plazo de retención de aquellas personas sometidas a un procedimiento de expulsión y mencionó la posibilidad de que se llegue a los 60 días. En todo caso, subrayó que la reforma prevista de la Ley de Extranjería está pensada para ampliar derechos a los inmigrantes, para restituirles aquellos derechos que les "quitaron" bajo el Gobierno de José María Aznar.
De otro lado, consideró que la crisis económica que vive España "no tiene por qué discriminar" entre trabajadores "autóctonos" e inmigrantes, de modo que la menor demanda de empleo como consecuencia de la situación económica actual afectará a "todo el mundo" y señaló que seguirá habiendo sectores que no se cubrirán con españoles. "Determinados sectores de la economía española no pueden prescindir" de la mano de obra contratada en el país de origen, añadió.
López Garrido defendió por otra parte que los ciudadanos iberoamericanos, españoles incluidos, puedan votar "al menos" en las elecciones municipales cuando residan legalmente en cualquier otro país de esta comunidad de naciones y se refirió a la intención del Gobierno de reformar la ley electoral para permitir el voto de los inmigrantes con residencia legal en España en las municipales.
El secretario de Estado confió en que esta reforma llegue a afectar también a los ecuatorianos, porque el Gobierno de este país ha propuesto una reforma de su Constitución, que en la actualidad no permite el voto de los extranjeros.
Preguntado por la política de asilo en España y en concreto, las denuncias que ha hecho Reporteros sin Fronteras sobre el retraso en los países europeos para resolver este tipo de expedientes presentados por periodistas, López Garrido consideró que esta política funciona "bien" en España y que la concesión de un asilo depende de si se "prueba" que la vida del solicitante o su integridad física corren peligro en su país de origen.
El secretario de Estado dedicó buena parte de su intervención a defender la directiva de retorno de la UE que, entre otras cosas, establece límites para el plazo de retención de un inmigrante sometido a un procedimiento de expulsión.
"DISPARATES" EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
López Garrido criticó a los medios de comunicación que, a su juicio, han escrito "disparates" sobre esta norma y atribuyó a estos gran parte de la culpa de que la directiva no se haya entendido bien en aquellos países generadores de emigrantes.
El secretario de Estado garantizó que "ni un solo inmigrante se verá perjudicado" por la directiva y entre los derechos que introducirá, destacó el que "por primera vez" se prohíba la expulsión de un ilegal a un país donde su vida o integridad física corra peligro o la obligación de comprobar que un menor expulsado vaya a ser entregado a su familia y quede bajo la tutela de alguna institución.
López Garrido también se refirió al Pacto europeo de inmigración que deberán aprobar los jefes de Estado y de Gobierno en octubre y confirmó que el texto no habla de repatriaciones colectivas. Además, pidió que no se entienda este texto como un documento "último", sino como un "primer paso" para construir una verdadera política de inmigración común.
