Reclama que todas las autoridades acaten el fallo del TC sobre la consulta de Ibarretxe
MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, afirmó hoy que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las "vacaciones fiscales" reconoce "la autonomía institucional" del País Vasco para legislar en materia tributaria y del sistema constitucional autonómico español.
En declaraciones a los periodistas antes de participar en la quinta conferencia de embajadores en sede de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el secretario de Estado de la UE afirmó que el fallo del 'máximo tribunal' comunitario es "una sentencia positiva y favorable", porque reconoce la capacidad de Euskadi para tener autonomía en materia de legislación tributaria.
También se ha remitido a la decisión del Tribunal de Justicia del País Vasco sobre la posibilidad de que las denominadas vacaciones fiscales supongan una discriminación con otras Comunidades Autónomas. López Garrido consideró que el Tribunal Comunitario ha reconocido en su fallo el sistema constitucional español y la "autonomía" que otorga a las Comunidades Autónomas para poder legislar en materia tributaria. "Es positivo porque vemos que el sistema constitucional autonómico en absoluto contradice el derecho comunitario", afirmó
Por otra parte, el secretario de Estado para la UE también se refirió a la decisión que adoptará el Tribuna Constitucional sobre el recurso contra la consulta popular convocada por el lehendakari, Juan José Ibarretxe. López Garrido emplazó a todas las autoridades, "incluido Ibarretxe, a acatar y aceptar la resolución" que adopte el 'Alto Tribunal' sobre la iniciativa planteada para el próximo 25 de octubre.
López Garrido considera, ademas, que "no es muy comprensible" la posición del presidente autonómico de solicitar a los ciudadanos vascos que acudan al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para recurrir la negativa del Gobierno a aceptar la consulta popular, y subrayó que dicha iniciativa no incurre en "vulneración de derechos" porque no cumple los tramites que marcan la Constitución, es decir, que sea aprobada por el presidente del Gobierno y por el Parlamento.
