Por lo civil, las querellas podrían ir dirigidas contra varios medios de comunicación y periodistas por atentado contra el honor
MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
El doctor Luis Montes, cesado como coordinador del servicio de Urgencias del hospital Severo Ochoa de Leganés por el caso de las sedaciones irregulares, estudia demandar a la Consejería de Sanidad por un delito de denuncia falsa por trasladar el 24 de mayo de 2005 al titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Leganés el informe dictado por un Comité de Expertos nombrado por el entonces departamento de Manuel Lamela, en el que se daba cuenta de la existencia de 73 casos de mala praxis médica en el hospital de Leganés.
En el escrito, presentado por el ex viceconsejero de Sanidad Arturo Canalda, la Consejería denunció "la existencia de práctica médica realizada fuera de la lex artis ad hoc con presunta relación causa efecto entre tales irregularidades y el fallecimiento de 73 pacientes, que pudiera generar, presuntamente, responsabilidad penal".
El abogado de Montes, Rafael Burgos, explicó a Europa Press que si el ex consejero de Sanidad reconoce que denunció el caso, "eso está tipificado" como delito, si bien apuntó que el artículo 24 de la Constitución establece que "todas las personas tienen derecho a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia".
La demanda por denuncia falsa es una de las acciones legales que se plantea emprender el equipo jurídico de Montes en defensa de su honor tras el archivo definitivo del caso por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. Por la vía civil, las querellas podrían ir dirigidas contra varios medios de comunicación y periodistas por un delito de atentado contra el honor del ex jefe del servicios de Urgencias del Severo Ochoa por la difusión de calumnias.
Al conocer la exculpación de la Audiencia madrileña, Montes adelantó que su representación legal estudiaría interponer aquellas querellas por responsabilidad penal y administrativa seguras de prosperar. Aunque tenían previsto reunirse hoy mismo con sus abogados para definir la estrategia judicial, el ex jefe de Urgencias del Severo Ochoa mantendrá este encuentro la próxima semana.
DENUNCIAS ANÓNIMAS
El caso de Leganés se inició el 7 de marzo de 2005, cuando el Ejecutivo autonómico tuvo conocimiento de dos denuncias anónimas sobre supuesta mala praxis por una supuesta sedación excesiva de enfermos terminales que fueron remitidas por la Asociación de Víctimas de Negligencias Sanitarias de Madrid y la Asociación El Defensor del Paciente.
Lamela trasladó a la Fiscalía de Madrid estas denuncias, lo que motivó la apertura de diligencias previas. El fiscal solicitó entonces un informe a la clínica médico forense para que se pronunciara sobre las supuestas sedaciones irregulares en Urgencias. La clínica no vio razón para exigir responsabilidades penales.
Al mismo tiempo, el entonces consejero ordenó la constitución de un Comité de Expertos para que emitiera un informe sobre los expedientes de los pacientes fallecidos custodiados anteriormente por el propio hospital.
El Comité dictaminó la existencia de mala praxis médica en 73 de los 400 casos denunciados. El 24 de mayo de 2004, Canalda denunció los hechos ante el Juzgado número 7 de Leganés, que incoó diligencias previas de investigación.
La Consejería basó la denuncia en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que señala que "los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, al juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio, si se tratare de un delito flagrante".
