MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
El macrojuicio contra 27 dirigentes de la organización ilegal Gestoras Pro Amnistía, que está previsto que se celebre en la Audiencia Nacional hasta el próximo 23 de julio, comenzó hoy, alrededor de las 10.20 horas, con la constitución del tribunal y la declaración del responsable nacional del colectivo enjuiciado Juan María Olano.
El proceso, que se desarrolla en la sede que la Audiencia Nacional tiene en la Casa de Campo de Madrid, se inició con absoluta normalidad y entre fuertes medidas de seguridad. Por decisión del tribunal, presidido por la magistrada Teresa Palacios, todos los acusados fueron situados fuera de la urna acristalada, ya que la única que se encuentra en prisión es la dirigente de Batasuna María Teresa Díaz de Heredia.
El fiscal Carlos Bautista, que estuvo acompañado por el fiscal-jefe de este tribunal, Javier Zaragoza, solicita para los acusados 10 años de cárcel por integración en organización terrorista a las acciones de apoyo y asistencia que presuntamente prestaron a los presos de ETA. En el banquillo de los acusados se sientan, entre otros, los responsables nacionales de la organización, Juan María Olano, Julen Celarain y Aitor Ángel Jugo; el abogado Txema Matanzas; o la integrante de la Mesa Nacional de Batasuna y responsable de este colectivo en Álava María Teresa Díaz de Heredia.
También se encuentran procesados los dirigentes territoriales Joseba Terrones y Julen Larrinaga (Vizcaya), Aratz Estomba y Ainoa Irastorza (Guipúzcoa), Iker Zubia (Álava), Josu Mirena Beaumont y Alejandro Velasco (Navarra), así como María Olabarrieta (responsable del departamento de Huídos), Joseba Gotzon Amaro (Bases Democráticas), Jorge Chocarro (Fuera de Aquí), Joseba Iñaki Reta (Presos Vascos a Euskal Herria), Mitxel Sarasqueta (Ex Presos) y Gorka Zulaica (Tesorería).
Completan la lista de acusados Jon Imanol Beascoa, Jorge Luis Redondo y Juan Antonio Madariaga (responsables de la Red Empresarial), Maitane Méndez Bastida y Jesús Felipe Arriaga (Comunicación), Julen Arzuaga (Internacionales) y Sabin Juaristi, Iñaki Loizoga, Ixone Urzelay y Asier Virumbrales, todos ellos responsables de Askatasuna, la organización que recogió el testigo de Gestoras Pro Amnistía después de que en diciembre de 2001 el juez Baltasar Garzón declarara la ilicitud de sus actividades.
El tribunal, que ha establecido un calendario de sesiones de lunes a miércoles, está dirigido por la magistrada Teresa Palacios, que será ponente de la sentencia. Le acompañan los también miembros de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel. La acusación popular será ejercida por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).
UN OBISPO ENTRE LOS 271 TESTIGOS
Entre los testigos que serán llamados a comparecer durante el proceso, en el que está personada la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), se encuentran el obispo emérito de San Sebastián, José María Setién; el alcalde de esta ciudad, Odón Elorza (PSE-PSOE); y el presidente del PNV de Gipúzcoa, Joseba Egibar, todos ellos a petición de las defensas de los acusados.
A la vista oral también acudirán el comisionado especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Tortura, Theo Van Boven, y personas relacionadas con el mundo del deporte (el ex portero del Athletic de Bilbao José Ángel Iribar, el ex presidente de este club José María Arrate o el 'pelotari' Juan Martínez de Irujo), la música (el cantante del grupo 'La Polla Records' Evaristo Páramos), la literatura (el escritor Alfonso Sastre) o el periodismo (el ex director del diario 'Egunkaria' Martxelo Otamendi).
También asistirán el consejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga; el secretario general del sindicato LAB, Rafa Díez Usabiaga; o representantes de EA (Sabin Intxaurraga, Martín Aramburu y Rafael Larreina), EB-Aralar (Óscar Matute) o las centrales STEE-EILA (Belén Arrondo) e HIRU (Maite Aristegi).
Asimismo, comparecerán ante el tribunal etarras como Henri Parot, Harriet Iragi, Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, 'Josu de Mondragón' o Ana Belén Egües y abogados que defienden habitualmente a los miembros de la banda terrorista, como Iñigo Iruin, Jone Goirizelaia o Álvaro Reizabal.
CONTROL DE PRESOS Y SEÑALAMIENTO DE OBJETIVOS
En su escrito provisional de acusación, la Fiscalía sostiene que Gestoras Pro Amnistía se dedicaba a dar apoyo y controlar a los presos etarras, señalar como objetivos terrorista a los supuestos responsables de su situación, captar a nuevos miembros y recopilar datos de los sumarios judiciales que pudieran servir a la banda terrorista.
El fiscal Enrique Molina, que abandonó el verano pasado la Audiencia Nacional, atribuye en su escrito de acusación hasta 12 funciones o características a Gestoras Pro Amnistía, entre las que figuran controlar al colectivo de presos, servir de enlace entre éstos y la dirección de ETA y asegurar su sometimiento a la disciplina orgánica de la banda.
Para ello, ETA eliminaba las iniciativas de reinserción a través del tratamiento penitenciario, asignaba una paga mensual de 25.000 pesetas (150 euros) a cada preso y asesinaba o amenazaba a los reclusos que mantuvieran posturas críticas.
Según el escrito de acusación, Gestoras Pro Amnistía también coordinaba formas de lucha complementarias a la del frente armado de ETA, recogía datos transcendentes para la seguridad orgánica de la banda obtenidos de los procesos judiciales en los que estaban personados y editaba como propias publicaciones de los responsables de la organización terrorista.
