Rafael Fernández tacha de "inconstitucional" que las administraciones públicas no tengan control jurisdiccional
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 11 May. (EUROPA PRESS) -
El magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Rafael Fernández Valverde, ha declarado a Europa Press que aspira a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "se renueve cuanto antes, que vengan nuevos aires, que haya nuevas inversiones y que cada uno de los poderes públicos se pongan en su sitio y, entre todos," intentar arreglar la carga de trabajo que soportan los juzgados, una situación que tachó de "lamentable".
Fernández intervino en el I Congreso de Derecho Sanitario organizado por la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria y el Gobierno de Canarias, que se clausuró el viernes en un hotel del sur de Gran Canaria.
Cuestionado por los datos del CGPJ que cifra en casi 270.000 las sentencias de lo Penal que están pendientes de ser ejecutadas en España, afirmó que "la jurisdicción penal está mal, pero la jurisdicción contencioso-administrativa va camino de estar peor".
El magistrado destacó que la jurisdicción contencioso-administrativa significa "el control de las propias administraciones públicas, es decir, los poderes públicos, y si en este país está ocurriendo que hay juzgados de lo contencioso que no pueden celebrar un procedimiento abreviado, que está previsto para quince días, sino al cabo de dos o tres años no es que haya sentencia pendiente sino un juicio pendiente".
"Por tanto, hay un funcionamiento de las administraciones públicas sin ningún control jurisdiccional y eso sí que es manifiestamente inconstitucional y un fracaso del sistema del Estado de Derecho", apostilló Fernández, que indicó que "no se quiere poner encima de la mesa la gravedad de lo que ocurre en los juzgados de lo contencioso en muchas ciudades, como ocurre en Las Palmas de Gran Canaria".
En su opinión, es "horrible e impresentable que no existan unos mecanismos ejecutivos más rápidos y más eficaces", al tiempo que denunció que "es absolutamente impresentable que cada comunidad autónoma tenga su propio sistema informático", por lo que consideró que "debe ser el CGPJ el que debe crear unos sistemas de compatibilidad en los sistemas informáticos".
RESPONSABLES.
Fernández hizo hincapié en que no es "nadie para exigir responsabilidades ni al poder ejecutivo ni legislativo de este país", pero cuestionó que "desde hace algunos años, por parte de los poderes públicos responsables, el sistema español de justicia no ha tenido el tratamiento adecuado que se merece".
Además de la medida de un sistema informático común, planteó un "acercamiento urgente entre el CGPJ y los magistrados y jueces". A juicio de Fernández, el CGPJ "debe ayudar y potenciar y apoyar a los jueces y magistrados de este país", ya que cree que "por los motivos que sea se ha producido una especie de separación en que cada uno anda por su campo".
Señaló que "el poder legislativo lleva año y medio sin cumplir con sus obligaciones", por lo que entiende que "un CGPJ nuevo potenciaría el funcionamiento de los juzgados, animaría a muchos jueces y magistrados que andan convertidos en funcionarios y no con el nivel de moral que es necesario para el cumplimiento de sus deberes".
Por ello abogó por un nuevo CGPJ, en el que se olvide "de lo que hasta ahora ha ocurrido, que haya nuevas inversiones y que cada uno de los poderes públicos de este país se ponga en su sitio y entre todos" traten de arreglar esta situación que calificó de "lamentable".
