MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los magistrados del Tribunal Supremo (TS) que resolverán el recursos de casación presentados contra la sentencia de la Audiencia Nacional de junio del año pasado que declaró a Jarrai asociación ilícita no terrorista se reunieron nada más terminar la vista por espacio de hora y media para decidir si mantienen la resolución impugnada o, por el contrario, estiman los recursos presentados por la Fiscalía y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y declaran a la organización juvenil abertzale asociación terrorista porque complementa a ETA.
Los magistrados Francisco Monterde Ferrer, ponente de la resolución que se adoptará, Miguel Colmenero, Andrés Martínez Arrieta, Joaquín Giménez García y el presidente de la Sala, Juan Saavedra Ruiz, celebraron desde esta mañana hasta pasadas las siete de la tarde la vista de los recursos de casación contra la sentencia que condenó a 24 miembros de Jarrai a dos años y medio y tres años y medio de prisión.
A continuación, comenzaron a deliberar sobre el fondo del asunto, en una reunión que se prolongó hasta casi las nueve de la noche. Fuentes de la Sala de lo Penal del alto tribunal indicaron que las deliberaciones sobre este asunto continuarán mañana o el próximo lunes.
En la sesión de esta tarde, las defensas pidieron la absolución de sus clientes alegando distintos defectos en la instrucción de la causa, como errores en la transcripción de los teléfonos que se sometieron a vigilancia e, incluso, la no existencia en las diligencias de, por ejemplo, un 'Zutabe' (boletín interno de ETA) utilizado como prueba por el tribunal y la nula investigación de los actos de 'kale borroka' que se atribuyeron a las organizaciones ilegalizadas entonces por la Audiencia Nacional (Jarrai y sus sucesoras Haika y Segi).
La fiscal del Tribunal Supremo Pilar Fernández Valcarce se opuso a todas las alegaciones de la defensa y precisó que, aunque la Fiscalía sostiene que Jarrai es una organización terrorista, en ningún caso dejaría de ser una asociación ilícita, como alega la defensa, porque en la sentencia de instancia no se reflejen actos concretos de violencia callejera.
