MÁLAGA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
Una de las investigadoras del caso 'Malaya' ha asegurado este lunes, en la reanudación del juicio, que les llamó la atención que fincas municipales se minusvaloraron conforme fueron pasando por distintas sociedades y ha señalado cómo finalmente aparecen asociadas a empresas del presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca.
La agente, perteneciente a uno de los grupos de Blanqueo de la Policía Judicial de Madrid, ha ratificado un informe policial elaborado en mayo de 2007 y contenido en la causa, en el que se analizan las relaciones comerciales de Roca y fundamentalmente los empresarios acusados Andrés Liétor y Carlos Sánchez, a través de la operación llamada 'Pueblo Andaluz'.
Según ha indicado, a preguntas del fiscal Anticorrupción, se vio el sucesivo traspaso de dos fincas, con las que el Ayuntamiento de Marbella convenia. Así, la primera parcela parte con un valor de 102.172 euros y luego, a través de una permuta, pasa a otra sociedad, que la vende a una tercera, vinculada a Roca, por 48.080 euros. Ocurre lo mismo con la segunda finca.
La agente ha aseverado que le llamó la atención esa operativa, aunque ha añadido que también se vio la dinámica inversa. Además, ha apuntado a que se intervinieron faxes sobre el desarrollo urbanístico de las parcelas, indicando que la última venta "está condicionada" a la concesión de la edificabilidad prevista en la revisión del planeamiento.
DOCUMENTOS
Ha indicado que este informe se realizó, bajo la supervisión del jefe de grupo, que ya declaró en el juicio, con documentos extraídos en registros de la propiedad, mercantiles, archivos informáticos, documentación embridada que fue intervenida a lo largo de la investigación y también las declaraciones de los entonces imputados, algo por lo que ha sido cuestionada por la defensa de Roca.
Otros letrados, en especial la del empresario Andrés Liétor, le han preguntado por si analizó otra documentación distinta, contestando la agentes que en todos los casos se ha especificado en el informe los documentos que se utilizaron para la elaboración. Ha indicado que con indicios se fueron realizando las diferentes hipótesis para la investigación.
También han declarado al menos ocho agentes que intervinieron en registros en domicilios u oficinas relacionadas con los detenidos. Las defensas les han cuestionado por cómo se intervinieron los documentos, tanto en papel como informáticos, y la forma en la que fueron precintados y enviados a los investigadores o al propio juzgado instructor.
Entre los testigos, ha comparecido uno de los expertos en informática de la Policía, quien ha dicho no recordar los registros en los que participó y ha señalado que el secretario judicial estaba presente y decía lo que había que hacer, aunque ha explicado que cuando veía algo de interés, se informaba a los investigadores y se procedía a precintarlos.
Ha indicado que en algunos casos se extraía la documentación de los ordenadores y en otros, directamente se trasladaba el propio aparato a dependencias judiciales. Preguntado por si inició la cadena de custodia, ha dicho desconocer "cómo se tiene que hacer" ésta, ni a qué se estaba refiriendo la letrada al preguntarle por el protocolo de actuación, apuntando que los objetos "se precintan".
