Los mandos de la Policía dicen que "jamás" recibieron órdenes de Interior para cambiar el informe del ácido bórico

Actualizado: miércoles, 11 junio 2008 17:10

El técnico que hizo el primer análisis habla de "chantaje" y dice que le ordenaron eliminar la mención a ETA "por orden de la superioridad"

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los dos máximos responsables de la Policía Científica, el comisario general, Miguel Ángel Santano, y su número dos, Pedro Antonio Mélida, aseguraron hoy en el juicio que se sigue contra ellos por la presunta manipulación de un informe pericial que relacionaba a ETA con el terrorista Hassan El Haski, condenado por los atentados del 11-M, que nunca recibieron "ninguna orden" para modificar informes como el relativo al ácido bórico.

"No recibí ninguna orden ni instrucción de mis superiores y quienes me conocen saben que, si doy órdenes, es para acelerar una investigación y no para eliminar indicios", señaló ante el tribunal el máximo responsable de la Policía Científica, quien apuntó que no dio importancia a estos hechos porque cuando sucedieron, en marzo de 2005, se encontraba de vacaciones y su número dos le dijo que "el problema ya estaba solucionado".

Mélida defendió la misma tesis que su superior al señalar que nunca recibió ninguna orden sobre el modo en que debía actuar la Policía Científica en relación con los informes relacionados con los atentados del 11-M. "No he recibido en 29 años de profesión ninguna orden de tipo político porque sería una orden manifiestamente injusta, nunca", aseveró.

El testimonio de los dos mandos policiales y el del perito Manuel Escribano, que aseguró que debía cambiar su primer informe "por orden de la superioridad" y porque "estorbaba la palabra ETA", centraron la segunda jornada del juicio sobre el caso del ácido bórico, que se celebra ante la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Madrid.

Santano se enfrenta a nueve años de cárcel por un delito de encubrimiento y otro de falsedad documental, tal y como solicita la acusación popular, que ejercen la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y el sindicato Manos Limpias. Por este último delito estas asociaciones piden también seis años de cárcel tanto para Mélida como para el jefe del Laboratorio Toxicológico, Francisco Ramírez, y el jefe de la Unidad de Análisis, José Andradas.

"NINGUNA ORDEN DE TIPO POLÍTICO"

El número dos de la Policía Científica explicó que ordenó modificar el informe, en el que se comparaba el hallazgo de ácido bórico en la casa del terrorista islamista con dos muestras hallada en un piso franco de ETA en Salamanca en 2001 y en el de un militante antisistema en 1999, porque incumplía las instrucciones de la Secretaría de Estado de Seguridad, que indican que en este tipo de informes "no se pueden plasmar juicios de valor o comentarios de tipo personal que escapan al contenido de un informe pericial".

"El informe contenía elucubraciones que no tienen rigor científico ni policial", señaló el número dos de la Policía Científica antes de añadir que el destinatario de este estudio era la Comisaría General de Información, que tenía más datos que su departamento sobre la posible utilización del ácido bórico en la confección de explosivos. "Es como querer el hijo enseñar al padre a hacer hijos", señaló. Por eso, explicó que cuando Escribano se negó a modificar sus observaciones, el caso se reasignó al jefe del Laboratorio Toxicológico, tal y como se había hecho en otras ocasiones, ya que podía parecer "feo" que se encargara a otros compañeros de los peritos.

Durante su intervención ante el tribunal, en la que comparó la función del ácido bórico en la elaboración de explosivos con la del bicarbonato, Mélida también calificó a Escribano como "una persona conflictiva", al tiempo que recordó que aspiró la plaza de Andradas porque pensaba que "tenía más méritos que él" y que había solicitado sin éxito la concesión de la Medalla Roja al Mérito Policial.

Por su parte, el jefe de la Unidad de Análisis de la Policía Científica, José Andradas, señaló que ordenó a Escribano que le hiciera una relación de los informes sobre los explosivos del 11-M en los que había participado "para tenerlos a mano y tener una respuesta rápida" si se los pedían, aunque nunca se lo trasladó a ningún superior jerárquico.

ESCRIBANO: "ORDEN DE LA SUPERIORIDAD" Y "CHANTAJE"

Escribano, que compareció ante el tribunal en calidad de testigo solicitado por la acusación popular, explicó ante el tribunal que el jefe del Laboratorio Toxicológico le pidió eliminar la referencia a ETA "por orden de la superioridad", aunque nunca le detralló a quién se refería exactamente. "La palabra ETA era lo que estorbaba, lo demás no le importaba", señaló antes de apuntar que su superior le advirtió de que no volvería a realizar más análisis relacionados con el terrorismo, "como así ha sido".

El testigo señaló que se negó a la petición de sus jefes por considerar que se trataba de un "chantaje". En este sentido, defendió la inclusión de la referencia a ETA por su "excepcionalidad". "El hecho de que el ácido bórico hubiera aparecido en dos hechos terroristas anteriores, un piso franco de ETA en Salamanca y un antisistema de Madrid, para mí era excepcional, de importancia para la investigación policial y judicial --señaló--. Pensé que podía tener importancia para la investigación".

A pesar de que en varios puntos de su intervención reconoció que el ácido bórico "no es incendiario ni explosivo", el perito defendió que el juez instructor del 11-M, Juan del Olmo, debía conocer el hallazgo de este producto en la vivienda del comando etarra para valorar si ese dato "tenía importancia o no". De igual modo, apuntó que en el informe definitivo, que llevaba la firma de Ramírez, no se citaba a los peritos Javier Herrera e Isabel López, que firmaron junto a él el primer análisis como autores de las pruebas de laboratorio.

Escribano, que fue amonestado por el presidente de la Sala, Alberto Jorge Barreiro, por encontrarse "un poco nerviosillo", apuntó que en ocasiones anteriores relacionó hechos distintos en sus análisis, como el que realizó sobre el envío de cartas-bomba a los periodistas Alfredo Semprún y Raúl del Pozo. Sin embargo, el fiscal Pedro Martínez Torrijos, que solicita la absolución de los acusados, le refirió otros casos en los que incluyó este tipo de referencias en notas informativas ajenas al informe pericial.