MÁLAGA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga ha rechazado la puesta en libertad del abogado Manuel Sánchez Zubizarreta, encarcelado desde hace ocho meses por el caso 'Malaya', por entender que persiste el riesgo de fuga, según confirmaron fuentes de la defensa.
La Audiencia acogió el pasado día 11 de este mes una vista sobre la excarcelación del imputado, que ingresó en la cárcel malagueña de Alhaurín de la Torre el día 3 de abril tras ser detenido en la primera fase de la operación policial contra la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga).
En esa vista, el fiscal se opuso a la puesta en libertad por posibilidad de alterar pruebas y ahora la Sala la ha rechazado mediante un auto, notificado la pasada semana, en el que se argumenta esta negativa "sólo en que existe riesgo de fuga", según explicaron a Europa Press las mismas fuentes.
El juez que investiga la causa, Miguel Angel Torres, le imputa un delito de blanqueo, al igual que a los otros cinco abogados del despacho detenidos y que se encuentran en libertad, ya que entiende que eran los encargados de estructurar las sociedades del presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca.
En los autos, el instructor determina que Roca habría obtenido importantes cantidades de dinero "con actividades ilícitas" y, "para ocultar y encubrir esos fondos", desarrolló una "complejísima" estructura societaria, dirigida por éste y por el gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta-Soriano.
Así, sería Manuel Sánchez Zubizarreta el que "diseña, coordina las sociedades y sus actividades", según el juez, que añade que al frente de las sociedades estarían los otros tres abogados que fueron encarcelados. "Esta parte de la organización, dotada de una estructura perfectamente diseñada, se dedica sobre todo a los temas inmobiliarios y a la tenencia de propiedades destacadas de Roca", precisa.
Asimismo, el fiscal Anticorrupción habló en la anterior vista sobre la libertad del abogado de que se estaba investigando, dentro de la causa, la existencia de patrimonio supuestamente oculto en paraísos fiscales, a través de comisiones rogatorias, desarrolladas en doble dirección; es decir, con cooperación internacional con otros países; así como a partir del estudio de la documentación requisada en el despacho de abogados.
