Marbella.- El juez del caso Malaya decreta prisión para el empresario granadino Carlos Sánchez y un socio

Actualizado: lunes, 10 julio 2006 22:40

MARBELLA (MALAGA), 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El juez de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga) Miguel Angel Torres decretó hoy prisión incondicional para el empresario granadino Carlos Sánchez, sobre el que pesaba una orden de busca, detención y personación dictada por dicho juzgado por su presunta implicación en la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento marbellí. Además, ordenó también el ingreso en la cárcel de un socio de éste, Andrés Liétor.

Sánchez, al parecer amigo del presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, llegó junto a su socio a los juzgados marbellíes esta mañana para comparecer ante el juez, dentro de la segunda fase de la denominada operación Malaya, tras lo que prestaron declaración, según precisaron sus abogados, quienes anunciaron que recurrirán el auto de prisión.

El empresario dijo la pasada semana en una entrevista telefónica que estaba en la República Dominicana "trabajando en los diversos negocios que tengo aquí" e insistió en que regresaría a España "el próximo día 14". Además, dijo no tener "ningún miedo", al señalar que "no he cometido ningún delito y así se lo explicaré al juez".

Señaló que sus inversiones inmobiliarias en Marbella "no son importantes", sino puntuales y precisó que "lo único que puede haber es una operación de permuta de locales con el Ayuntamiento de Marbella".

En la segunda fase de la operación 'Malaya', fueron detenidas 30 personas, entre ellas 13 ex concejales, además de constructores y personas relacionadas con el Consistorio marbellí. Tras las declaraciones, el juez decretó prisión para siete ex ediles marbellíes y un constructor, libertad bajo fianza para diez personas y libertad con cargos para otras once. Además, se dictaron dos órdenes de detención contra Sánchez y el ex edil marbellí del PA Carlos Fernández.

De esta forma, en la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga) ingresaron los ex concejales del GIL Tomás Reñones, Vicente Manciles, Rafael González Carrasco, Rafael Calleja y José Luis Fernández Garrosa; el expulsado del PSOE José Antonio Jaén, que en la primera fase quedó en libertad con fianza; y la ex edil del PA María José Lanzat. Además, entró también el empresario de Las Ventas Fidel San Román.

En total son 19 personas las que se encuentran en la cárcel por este caso, ya que las que ingresaron por la segunda fase se suman a las que ya estaban de la primera, como son el presunto cerebro de la trama Juan Antonio Roca; la ex alcaldesa Marisol Yagüe, la primera teniente de alcalde Isabel García Marcos, el empresario Ismael Pérez, la testaferro Montserrat Corulla, cuatro abogados del despacho madrileño Sánchez Zubizarreta Soriano y el empresario Oscar Benavente.

Así, de las 30 personas arrestadas, el instructor dejó en libertad con fianza de 30.000 euros a la ex concejala Carmen Revilla y de 6.000 euros a la ex edil del PSOE Belén Carmona; mientras que impuso el pago de 12.000 euros de fianza al testaferro Salvador Gardoqui, que ya fue detenido en la primera fase y quedó en libertad sin fianza; y de 6.000 euros para Sergio Santana.

Asimismo, en esta nueva fase, vinculada con el sector inmobiliario, el juez dejó en libertad bajo fianza de 500.000 euros a los constructores José Avilas Rojas, Tomás Olivo, dueño de La Cañada; y Emilio Rodríguez Bugallo, responsable de Construcciones Salamanca; mientras que impuso el pago de 300.000 euros para que salieran en libres los empresario Francisco Gómez Sánchez, conocido como Sandokan y dueño de Arenal 2000; y Enrique Ventero; mientras que decretó una fianza de 30.000 euros para el promotor Cristóbal Peñarroya.

El director comercial de Aifos, Francisco García Lebrón, salió en libertad después de declarar por segunda vez y una vez que el juez revocó su primer auto en el que dictaba prisión incondicional. Así, se le fijó una fianza de 30.000 euros que el imputado pagó a las 48 horas de su salida de los juzgados.

Por último, en libertad sin fianza pero con cargos quedaron los ex ediles Antonio Luque, Javier Lendínez, Emilio Jorrín y Miguel Jiménez; el ex jefe de la Policía Local, Rafael del Pozo; y el que fuera hasta hace poco secretario del Ayuntamiento, Leopoldo Barrantes, que también salió sin fianza la otra vez. Además, los empresarios Francisco Aranda, Gonzalo Fernández, Carmelo Argenta y los ganaderos Ignacio y Manuel González Sánchez-Dalp también quedaron libre sin fianza.