MÁLAGA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -
El ex asesor de Urbanismo en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) Juan Antonio Roca, que se encuentra en prisión como presunto cerebro de la trama de corrupción en el Consistorio, denominado caso 'Malaya', está citado a declarar como testigo en un juicio que se sigue en el Juzgado de lo Penal número 2 de la capital contra el ex alcalde marbellí Julián Muñoz y siete ediles más, que están acusados de un delito contra la ordenación del territorio.
Así, fuentes judiciales confirmaron que entre la lista de nueve testigos que tendrán que declarar mañana en la vista oral, que comenzó ayer lunes, se encuentra Roca, que fue gerente de Urbanismo del Consistorio y al que Muñoz, en su declaración de ayer, apuntó como la persona responsable de la Gerencia en la que se avalaba la concesión de las licencias urbanísticas.
Además de Roca, está previsto que testifiquen otras nueve personas, entre las que se encuentran dos arquitectos y el secretario municipal, el abogado José Luis Sierra, los responsables de Moansa y la que fuera directora general de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en aquellos momentos, según las fuentes.
El Juzgado lo Penal número 2 de Málaga juzga desde el lunes al ex regidor de Marbella y a los ediles Rafael González, Mario Jiménez, José Manuel Pomares, Manuel Calle, María Luisa Alcalá, Pedro Román y Juan Antonio Yagüe por un delito urbanístico presuntamente cometido en 1996, al otorgar licencia al proyecto básico y de obra a una empresa para la edificación de seis viviendas unifamiliares en la urbanización Huerta Belón, en un suelo clasificado como zona verde pública.
Según las conclusiones provisionales, los concejales "decidieron" en una comisión de gobierno de 20 de diciembre de 1996 otorgar licencia al proyecto básico presentado por la empresa Moansa para la construcción de las viviendas, conociendo los acusados que era zona verde. Posteriormente, el 7 de noviembre de 1997, los integrantes de la comisión de gobierno ese día concedieron el permiso de obras al proyecto de ejecución de los chalés pareados, sabiendo que dicha licencia contravenía las determinaciones de la norma urbanística aplicable".
Así, el fiscal solicita para Julián Muñoz, Mario Jiménez, Manuel Calle y María Luisa Alcalá dos años de prisión y 10 de inhabilitación especial para cargo de concejal por un delito continuado contra la ordenación del territorio; mientras que a Pedro Román, Rafael González, José Manuel Pomares y Juan Antonio Yagüe les acusa del mismo delito pero sin la categoría de continuado, por lo que pide para ellos las penas de 18 meses de prisión y ocho años de inhabilitación especial.
El ex alcalde marbellí Julián Muñoz aseguró que las licencias de obras venían avaladas por la Gerencia de Urbanismo, precisando que, en ese momento, el responsable de la misma era Juan Antonio Roca, ahora en prisión como presunto cerebro de la trama de corrupción en el Consistorio. "La decisión de la comisión era en base a un listado o cuadernillo hecho por Urbanismo", apostilló.
Muñoz declaró que los ediles de la comisión "votábamos en función de lo que se decía en un cuadernillo", en el que se precisaba si la licencia era favorable o no, pero que no contenía informe alguno, sino un resumen del expediente. Así, insistió en que "el sentido del voto era siempre según los listados que subían de Urbanismo", donde, según reiteró, estaba Roca como gerente en ese momento.
El resto de los acusados coincidió con el ex alcalde en afirmar que había "un cuadernillo" que "venía de Urbanismo", en el que se decía "el resultado" de lo que se debía aprobar y de lo que no. Señalaron que en la comisión sólo "se daba cuenta" de ellas, sin llegar "nunca" a votarlas, porque, según dijeron, las competencias urbanísticas no estaban delegadas, aspecto que conocieron posteriormente.
