MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -
Las Marchas de la Dignidad, que el pasado 22 de marzo reunieron a miles de personas en el centro de Madrid para pedir el fin de los recortes y la dimisión de Gobierno y denunciar una situación de "emergencia social", han llamado a rodear los 17 parlamentos autonómicos el sábado y reclamar de esa manera "pan, trabajo y techo".
Según han explicado las distintas plataformas en sus webs y en las redes sociales, las cámaras legislativas regionales son, "al igual que el Gobierno del Estado, cómplices y partícipes en las medidas ya no de austeridad, sino de supresión de derechos y libertades", refiriéndose por ejemplo a la detención de algunos de los participantes en actos de protesta.
La convocatoria del sábado, aprobada en la Asamblea estatal celebrada en Barcelona el pasado 12 de abril con la participación de unos 300 colectivos sindicales, sociales y políticos, es la continuación de la "jornada de lucha" por el empleo digno llevada a cabo el 30 de abril.
El Movimiento 22-M ha expresado su rechazo a los "recortes sociales", la "supresión de derechos y libertades ciudadanas", las privatizaciones en el sector público, la "represión" de las protestas ciudadanas, la corrupción política y empresarial y la reforma laboral.
Además, defiende unas pensiones públicas "dignas", el cuidado de las personas dependientes, el derecho a una renta básica y un empleo digno, el derecho a la vivienda, la sanidad y la educación, una justicia "gratuita y universal" y el aborto "libre y gratuito".
La Confederación General del Trabajo (CGT), uno de los colectivos sociales, políticos y sindicales que apoyan el Movimiento, participará en las movilizaciones porque entiende que "contra la estafa social que estamos padeciendo, la lucha es el único camino".
Según ha señalado en una nota de prensa, la movilización es consecuencia de las políticas "antisociales y represivas" de los distintos gobiernos, de las cuales las "máximas responsables" son las instituciones internacionales que forman la troika (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional).
DESOBEDIENCIA NO VIOLENTA
Celestino Navarro, miembro de la coordinadora de las Marchas, ha declarado a Europa Press que lo que se quiere realizar es una "acción pacífica" y que, aunque no se autoricen las concentraciones, se llevarán a cabo igualmente porque ellos abogan por la "desobediencia no violenta".
En su opinión, hay "motivos suficientes" para protestar frente a unos poderes públicos que "no quieren dialogar, solo imponer la fuerza de las mayorías". Además, ha indicado que los resultados de las últimas elecciones europeas ofrecen una "legitimación" de las reclamaciones del Movimiento.
