15 de octubre de 2019
7 de abril de 2008

Mari Luz (Ampl.) - El CGPJ expedienta al juez Tirado y pide que se investigue la conducta de los funcionarios

El Consejo calcula que la tramitación del expediente, que podría concluir con la expulsión del juez, tardará unos cuatro meses

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó hoy de forma unánime abrir un expediente por falta muy grave de desatención al titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado, por la "pasividad, dejación de funciones y ausencia de control" en las que podría haber incurrido a la hora de ejecutar la sentencia que dictó en 2002 contra presunto asesino de Mari Luz, Santiago del Valle, por abusos a su propia hija.

Así lo anunció hoy al término de la reunión de dicha Comisión el portavoz del CGPJ, Enrique López, quien apuntó que el Consejo remitirá además todas sus actuaciones respecto a este caso tanto a la Fiscalía como al Ministerio de Justicia y a la Junta de Andalucía "en orden a que valoren las conductas de los funcionarios intervinientes sometidos a su potestad disciplinaria".

Los cinco vocales que integran esta comisión acordaron asumir en su integridad el contenido del informe hecho público el pasado viernes por el Servicio de Inspección. En este documento, además de proponer el expediente a Tirado, se acordaba archivar la desatención detectada en la conducta del magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla, Javier González - que tardó casi tres años en confirmar esta sentencia-, al considerarse prescrita esta conducta.

6 MESES PARA EL INSTRUCTOR.

Para instruir el expediente contra Tirado, el CGPJ ha designado al presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Wenceslao Olea Godoy, que tiene un plazo de 6 meses para concluirlo.

López apuntó no obstante que la "Comisión Disciplinaria siempre trabaja con urgencia, porque la existencia de un expediente siempre compromete el trabajo de un juez", por lo que espera que en este caso se tarde "a lo sumo cuatro meses" en resolver el expediente contra tirado. La sanción a imponer, de estimarse oportuna, podría desde la suspensión del juez por tres meses al traslado forzoso de destino e incluso la separación de la Carrera Judicial.

Preguntado si algún vocal había pedido hoy la suspensión cautelar de Tirado mientras se tramita el expediente, López contestó que este extremo no había llegado a plantearse en la Comisión. Otras fuentes del Consejo explicaron, por su parte, que dicha suspensión podría ser solicitada por el instructor del expediente si así lo considera oportuno.

En el acuerdo adoptado hoy, la Comisión Disciplinaria también archiva la información previa incoada en relación con los juzgados de Asturias donde se siguen otras causas contra Del Valle por abusos y la que se seguía en relación con la actuación e la titular del Juzgado de lo Penal numero 4 de Sevilla, Esperanza Jiménez Mantecón, que dictó una segunda condena contra Del Valle por el mismo delito. Estima que la actuación de dichos órganos fue correcta.

El informe del inspector, que por cierto fue felicitado hoy de forma expresa por la Comisión Disciplinaria, dada su celeridad en la redacción de este documento, desarrolla de forma exhaustiva la actuación del Juzgado de lo Penal número 1 de Del Valle.

En él se destaca que, si bien desde que se celebra el juicio -el 22 de octubre de 2002-, hasta la remisión de los recurso la Audiencia Provincial de Sevilla "la tramitación del asunto fue lo suficientemente ágil y correcta", no ocurrió lo mismo una vez fue confirmada la sentencia, lo que además tardó en producirse casi tres años desde que Tirado firmara su sentencia condenatoria (30 de diciembre de 2005).

"Los problemas surgieron a continuación", detalla el informe, una vez que se trató de citar a Del Valle y a su esposa, que también había sido condenada por los abusos a su hija, para informarles de que debían ingresar de forma voluntaria en un centro penitenciario y en un hospital psiquiátrico, respectivamente. "Dicho requerimiento, dilatorio e innecesario, era práctica habitual en el Juzgado", añade.

Además, todos los trámites dirigidos a averiguar el paradero de Del Valle (segunda citación al no haber acudido el matrimonio a la acordada para el 13 de febrero de 2006, y certificación de padrón para buscar otro posible domicilio), fueron ordenados por la secretaria del Juzgado, sin que conste la supervisión posterior por parte del magistrado.

Tras ello, la ejecutoria estuvo paralizada año y medio, desde marzo de 2006 hasta septiembre del pasado año, a lo que siguió un "relevante error" por no requerirse a la Policía, el día 26 de dicho mes, la búsqueda para ingreso en prisión de Del Valle y su esposa Isabel García, interesando tan solo la averiguación de su domicilio.

"La señora secretaria no se percató de la omisión por parte del funcionario que tramitaba la ejecutoria, de la expedición de la requisitoria de Santiago del Valle, a pesar de venir obligada a verla por el efectivo cumplimiento de o acordado. Tampoco lo advirtió el magistrado", dice el informe.

A todo ello hay que sumar, según el inspector, que cuando ya se había dictado dicha averiguación de domicilio y, "de forma inconsecuente" con dicha resolución, se acordó dar traslado al fiscal para que informase sobre si procedía la detención en ingreso en prisión del domicilio.

"En definitiva, como consecuencia de los trámites dilatorios, errores y omisiones en la tramitación de la Ejecutoria, la demora ha sido de dos años, dos meses y nueve días", concluye el inspector, que añade que "no consta que en algún momento de la dilatada tramitación de la causa el Ministerio Fiscal o la Junta de Andalucía, que actuaba como acusación particular, denunciaran demoras o irregularidades en la tramitación de la Ejecutoria", y tampoco recurrieron las diferentes resoluciones dictadas.