Apoyan las juntas de jueces convocadas para el próximo martes en toda España en defensa de la independencia judicial
MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
La asociación Jueces para la Democracia (JpD) reiteró hoy su "más firme rechazo a las injerencias reiteradas que desde el Poder Ejecutivo se vienen realizando en el órgano de gobierno del Poder Judicial", en referencia a las recientes críticas vertidas tanto por el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, como por la portavoz del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, contra la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de imponer una sanción económica al juez Rafael Tirado.
Tirado, titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, fue sancionado el pasado mes de septiembre con una multa de 1.500 euros por su retraso en ejecutar una sentencia por abusos sexuales que había dictado años antes contra Santiago del Valle, presunto asesino de la niña onubense Mari Luz Cortes.
En opinión de la asociación progresista de jueces, las manifestaciones de los miembros del Ejecutivo tratan de condicionar la actuación del CGPJ en el ámbito disciplinario.
Por otra parte, JpD muestra su apoyo a la iniciativa de los Jueces Decanos de convocar Juntas de Jueces a nivel nacional para el día 21 de octubre, en defensa de la independencia judicial.
No obstante, los asociados rechazan que la celebración de estas juntas supongan "la paralización de la actividad en los órganos judiciales o cualquier tipo de paro encubierto o suspensión de señalamientos".
Por ello, consideran necesario desvincular la convocatoria de la iniciativa de paros convocados por las asociaciones de secretarios judiciales para ese mismo día, en protesta por la suspensión por dos años de empleo y sueldo impuesta por el Ministerio de Justicia a la secretaria judicial del órgano de Tirado, Juana Gálvez, por su responsabilidad en el caso de Del Valle.
La nota de JpD coincide con las declaraciones de la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, quien salió hoy al paso de las manifestaciones de Fernández Bermejo y Fernández de la Vega, a quienes exigió confianza en la independencia de los nuevos vocales de este órgano.
Durante la rueda de prensa celebrada tras el Pleno del CGPJ celebrado hoy, Bravo dio cuenta de una declaración institucional en la que los vocales del órgano de gobierno de los jueces rechazan "rotundamente que las posiciones ideológicas personales de cada uno puedan servir de base para la adopción de sus decisiones" y añade que resolverá "ajeno a todo tipo de manifestaciones, cualquiera que sea su procedencia".
En la actual situación, JpD considera prioritarias las siguientes actuaciones, según detalla en su nota: Desarrollar e implantar definitivamente una nueva oficina judicial, diferenciando nítidamente los ámbitos de decisión y, por ende, de responsabilidad; y aprobar las reformas de leyes procesales que sean necesarias y adecuar la planta judicial al volumen real de trabajo, posibilitando así un mayor control de los procedimientos y una mejor calidad de la respuesta judicial.
Piden también que se suprima el ascenso forzoso, factor permanente de inestabilidad de los juzgados de pueblo, incompatible además con la necesaria conciliación de la vida familiar y laboral, y que se revise la política de nombramientos judiciales discrecionales.
