MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -
El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, reclamó hoy, tanto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que actúen con "equilibrio" respecto al 'caso Mari Luz' y avisó de que no se pueden utilizar "dos varas de medir" y ser "suave" con el juez Rafael Tirado y "duro" con la secretaria de su juzgado.
Llamazares respondía así, en una rueda de prensa en el Congreso, a las noticias que apuntan que Justicia sopesa que la secretaria judicial sea suspendida de seis meses a tres años por una falta grave. Fernández Bermejo explicó esta mañana que su departamento no se pronunciará hasta que no conozca la propuesta del instructor al respecto.
"El Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial deben hacer honor a su nombre, ser justos, y no utilizar una doble vara de medir", subrayó Llamazares criticando que el máximo responsable del juzgado que debería haber ejecutado la sentencia contra el presunto asesino de la menor onubense haya sido multado sólo con 1.500 euros y su subordinada pueda ser apartada de su puesto.
En este sentido, censuró que "la corporación del los jueces sea suave con el fuerte y la administración dura con el débil". "La sanción debe ser justa", insistió, reclamando que en nuevo CGPJ, elegido en virtud de un pacto entre PSOE y PP, revise las decisión sobre Tirado.
NO A LAS "OCURRENCIAS" SOBRE EL CODIGO PENAL
Por otra parte, el líder de IU volvió a criticar la reforma del Código Penal en la que trabajan los ministerios de Justicia e Interior, que demuestra, a su juicio, que el Gobierno está "más preocupado por el Estado penal que por el Estado social".
Llamazares, quien calificó de "ocurrencias" las propuestas sobre esta reforma, reiteró su rechazo a "legislar en caliente" guiados por "el último telediario" y se quejó de que el Gobierno "cifre toda la política al Código Penal" en lugar de atajar los males del sistema judicial.
"Cada vez que hay un problema de mal funcionamiento de la Justicia o de mal funcionamiento de Instituciones Penitenciarias, en vez de mejorar ambos sistemas, el Gobierno hace una nueva ley que corre el riesgo de ser incumplida de nuevo", explicó.
Además, insistió en que las medidas pospena que planea el Ejecutivo "niegan principios constitucionales" como la reinserción y la proporcionalidad de las penas y "prácticamente introducen la cadena perpetua aunque sea vigilada".
