MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Congreso prevé citar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el próximo 21 de febrero para que hable sobre el acercamiento de presos de ETA a las cárceles del País Vasco o sobre la decisión del Gobierno de traspasar la gestión de prisiones al Gobierno de esa comunidad.
Así se ha acordado este miércoles en la reunión de la Mesa y Portavoces de la Comisión de Interior, donde se ha puesto fecha a la comparecencia de Marlaska, que acumulaba diferentes solicitudes de explicaciones los grupos de la oposición, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.
El PP ya había reclamado en la Diputación Permamente del pasado día 28 que Marlaska compareciera en sede parlamentaria antes de que acabara el mes para hablar sobre el acercamiento de presos a las prisiones vascas.
Sin embargo, en ese debate, el PSOE aseguró que el ministro había prometido acudir este mes de febrero al Congreso para dar cuenta de su política en esa materia. El ministro sostiene que no se puede mantener la política de dispersión de los presos etarras tras la disolución de la banda, lo que no quiere decir, según recalca, que ahora se vayan a realizar acercamientos "indiscriminados" de reclusos.
Los 'populares', además, pidieron en esa Diputación Permanente que la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, acudira a la Cámara Baja para dar cuenta del traspaso a Euskadi de la gestión de las cárceles. Un asunto éste sobre el que el titular de Interior hablará el próximo día 21, según confirmaron las citadas fuentes.
TRAS POR LAS "ARMAS DE GUERRA" PARA LOS MOSSOS
Este mismo martes, Batet recalcó en el Senado que la competencia sobre prisiones que el Gobierno negocia transferir al País Vasco supone el traspaso de la organización y funcionamiento de las prisiones, lo que no incluye la política penitenciaria, que es estatal.
Pero hay otros dos asuntos por los que el titular de Interior deberá dar cuenta en sede parlamentaria dentro de dos semanas: sobre la autorización a la Generalitat por la compra de "800 armas de guerra" para los Mossos d'Esquadra, una solicitud impulsada el PP y Ciudadanos, y sobre las detenciones el pasado mes de enero de dieciséis detenidos, entre ellos dos alcaldes de la CUP, por ocupar vías del AVE el pasado 1-O, a instancias de En Comú, ERC y PDeCAT.
