MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska acordó hoy el ingreso en prisión condicional e incomunicada, por un presunto delito de integración o colaboración con organización terrorista de José Carmelo Luquín Vergara, el segundo de los cinco detenidos en España durante la operación contra el aparato de extorsión de ETA al que el magistrado ha tomado declaración.
El interrogatorio comenzó sobre las 19.20 horas debido a que el abogado de Luquín (que es el turno de oficio, por encontrarse el detenido en situación de incomunicación), llegó casi con dos horas de retraso sobre el horario previsto por el juez Grande-Marlaska para iniciar el interrogatorio, según informaron a Europa Press en fuentes jurídicas. Previsiblemente, mañana se levantará la incomunicación de Luquín y del primer detenido que ya ha declarado ante el juez, Jean Pierre Harocarene Camio.
Aunque todavía no existe comunicación oficial, es previsible que los otros tres detenidos en esta operación en España comparecerán mañana ante el magistrado, tras consumirse la prórroga solicitada por la Policía antes de ponerles a disposición del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5. Se trata de Joseba Imanol Elosúa Urbieta (de 72 años), sobre quien, en principio, pesan las acusaciones más graves, según las mismas fuentes, Ramón Sagarzazu Olazaguirre (69 años) e Ignacio Aristizábal Iriarte (59 años).
El único de los arrestados en esta operación policial que ya compareció ante el juez, durante la tarde de ayer, es Jean Pierre Harocarene Camio. Grande-Marlaska le imputa un delito de colaboración con banda armada y dictó contra él la medida de prisión provisional incomunicada, aunque podría levantar la incomunicación una vez que hayan sido interrogados todos los detenidos.
Posiblemente mañana, también según las mismas fuentes, el juez de a conocer un auto con los indicios que existen contra los miembros del aparato de extorsión de la organización terrorista, supuestamente operaba en España y en Francia desde hace 20 años, y cuyo cometido era la gestión y recaudación del conocido como "impuesto revolucionario" exigido a empresarios e industriales españoles en el País Vasco y Navarra.
A lo largo de las cuatro horas que duró su comparecencia ante Grande-Marlaska, Harocarene habría ratificado sus declaraciones policiales, en las que admitió que se encargaba de realizar labores de intermediación en el cobro del "impuesto revolucionario".
Harocarene, periodista de 42 años y originario de Boulogne Villancourt (Francia), fue detenido la madrugada del lunes en la localidad de Irún (Guipúzcoa), donde tiene su domicilio.
A los cinco detenidos en España se suman otros siete presuntos miembros del aparato de Extorsión de ETA arrestados en Francia, en una operación desarrollada de forma conjunta por el magistrado Grande-Marlaska y la jueza antiterrorista francesa Laurence Levert.
Entre ellos se encuentra uno de los fundadores de ETA y actual miembro de Aralar, Julen Madariaga, y el presunto jefe del aparato desarticulado, Ángel Iturbe, cuyo cometido, según los investigadores, sería la gestión y recaudación del conocido como "impuesto revolucionario" exigido a empresarios e industriales españoles en el País Vasco y Navarra.
La causa, sobre la que pesa el secreto de sumario, está directamente relacionada con las investigaciones que durante los dos últimos años se han desarrollado en España y Francia por un Equipo Conjunto de Investigación creado en torno a las actividades criminales desarrolladas por ETA. Estas investigaciones tiene su origen en un sumario abierto en la Audiencia Nacional en 1998 contra la extorsión etarra.
Según las investigaciones, Harocarene, junto con Elosúa Urbieta y Lúquin Vergara, realizaba labores de intermediación en el cobro del "impuesto revolucionario", que consistían en establecer contacto con los extorsionados, activar el proceso de negociación, articular plazos y vías seguras de pago, entregar los recibos, distribuir y poner en circulación las cartas de extorsión y, en algunos casos, recibir el dinero, actuando también como "enlaces".
Asimismo, invertían los beneficios obtenidos como consecuencia de la actividad criminal de los intermediarios y hacían desaparecer ese capital obtenido de manera ilícita y clandestina de los circuitos financieros regulares fiscalizables en España, trasladándolos a paraísos fiscales.
Por su parte, los detenidos en Francia, donde se encontraba la dirección de la red, se ocupaban de coordinar y canalizar las peticiones exigiendo el pago del "impuesto revolucionario", operando en el sur de Francia y también en España. Una de las arrestadas en el país vecino, Izaskun Gantxegi, fue puesta en libertad esta tarde sin pasar ante el juez.
En la operación se ha procedido al embargo de bienes patrimoniales con un valor estimado superior a los 700.000 euros, entre ellos un establecimiento de hostelería regentado por Joseba Imanol Elosúa Urbieta, así como otros inmuebles supuestamente adquiridos con el dinero obtenido a través del "impuesto revolucionario".
