BILBAO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -
El exmagistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín ha considerado que la Corona, al igual que se reúne con las víctimas del terrorismo", podría "tener un gesto" respecto a la situación en que se encuentran los presos de ETA. Asimismo, ha indicado que "el derecho nunca puede ser un obstáculo para la paz".
Durante su participación en el foro social celebrado en Bilbao, organizado por Bake Bidea y Lokarri, el magistrado emérito ha defendido además la necesidad de "interpretar el derecho a la vista de la nueva realidad social" que se da en el País Vasco.
La cita, desarrollada en el Palacio Euskalduna de Bilbao y que es una continuidad de la desarrollada este viernes en Pamplona, ha contado con la presencia entre el público asistente de la asesora de la Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno vasco Aintzane Ezenarro, los representantes del PNV Joseba Aurrekoetxea e Iñigo Iturrate, los representantes de EH Bildu Pello Urizar, Julen Arzuaga, Hasier Arraiz y Oskar Matute o el miembro de Sortu Rufi Etxebarria, entre otros.
Preguntado por cómo se puede impulsar la reinserción de las personas presas, Pallín ha valorado las aportaciones llevadas a cabo por algunos grupos sociales y ha subrayado que la Corona también podría aportar en este sentido.
"Se va a reunir con las víctimas y si ha habido una transformación sustancial, un cambio, algún acto, alguna palabra, un gesto puede tener en ese sentido. Ya sabemos que no gobierna, sino que reina, pero podría ser una buena aportación", ha manifestado.
Tras lamentar que los temas jurídicos se consideran "a veces un instrumento al servicio de la política cuando debería ser al revés", Pallín ha recordado que las leyes tienen también "su espíritu" y en este sentido ha recordado que el Código Civil recoge que las leyes "deben aplicarse con arreglo a la realidad social del momento".
"La realidad social de Euskadi en este momento es totalmente diferente a otros momentos del pasado. Es fácil que cualquier jurista sea capaz de interpretar el derecho a la vista de la nueva realidad social", ha defendido.
En este contexto, ha considerado que la ley general penitenciaria de 1979 fue en su momento "una de las más avanzadas del mundo", pero los posteriores reglamentos han "aguado" los principios que contenía.
"Hay un principio básico que es el de no discriminación que supone que todos los presos deben tener el mismo tratamiento. Además, la ley afirma que se procurará que los presos estén cerca, pero se ha usado la disgregación como elemento discriminatorio y punitivo, algo que rompe la letra de la ley general penitenciaria", ha lamentado.
Asimismo, ha incidido en que existe "una nueva realidad social" y cualquier interpretación de la norma debe hacerse "atemperando y tratando de promoverlas para construir un instrumento de pacificación". "El derecho nunca puede ser un obstáculo para la paz", ha indicado.
Por último, ha denunciado el "ridículo espantoso" en el que han caído algunos políticos con sus críticas a la sentencia del caso Inés del Río. "No puede decir que es indigna y caer ante el ridículo de sostener que los 17 jueces son unos imbéciles que se han dejado convencer por un jurista español", ha concluido.
IÑAKI LASAGABASTER
Por su parte, el miembro de la comisión para el impulso del proceso de paz Iñaki Lasagabaster ha denunciado que 700 presos de ETA estén recluidos en cárceles de fuera de Euskadi y ha incidido en que "la política penitenciaria del Gobierno español va en contra de los derechos humanos y contradice los principios de legalidad".
Tras incidir en que los presos tienen los mismos derechos que los demás, excepto los condicionados por su estancia en prisión, el catedrático de derecho administrativo ha advertido además de que las sentencias del Tribunal europeo de Derechos Humanos "no tienen solo valor entre las partes".
"El Convenio europeo de Derechos Humanos y las sentencias del Tribunal buscan crear un estándar de derechos fundamentales europeos", ha aclarado, para añadir que "la normativa europea vincula al gobierno del Estado español".
Lasagabaster ha remarcado que los presos tienen "derecho a la intimidad y la vida familiar" de manera "inexcusable" porque lo reconoce el ordenamiento jurídico español y las normas y sentencias de tribunales europeos.
"En virtud del principio de legalidad los poderes públicos españoles no pueden aplicar la política que deseen sino la que las normas les habilitan y éstas en ningún caso dicen que permitan la política de dispersión", ha finalizado.
