23 de enero de 2021
16 de diciembre de 2008

Más del 70 por ciento de los españoles apoyan la ilegalización de ANV y PCTV y piden un acuerdo entre PSOE y PP

Una amplia mayoría de ciudadanos considera que los partidos del tripartido vasco no tienen en cuenta el sufrimiento de las víctimas

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más del 70 por ciento de los españoles apoyan las medidas judiciales de ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y además, casi el 90 por ciento considera "imprescindible" que exista un acuerdo entre PSOE y PP en política antiterrorista.

Estos datos los desvela la última encuesta 'sobre percepción ciudadana sobre el terrorismo y sus víctimas', hecha pública hoy y elaborada por el 'Euskobarómetro' con el apoyo de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Covite y la Fundación para la Libertad.

El estudio, realizado a 1.200 personas de toda España, señala también que el 62 por ciento de la población es pesimista sobre el final del terrorismo etarra y tan solo un 34 por ciento reconoce ser optimista. Sin embargo, un tercio cree que la evolución del problema terrorista ha mejorado durante el último año mientras que la misma proporción considera que sigue igual.

A estos datos se suma la pregunta sobre la evolución de la fortaleza de ETA, ya que más de un 61 por ciento ve a la organización terrorista menos fuerte que el pasado año. Pese a eso, una abrumadora mayoría (88%) cree que ETA tiene poca o ninguna voluntad de poner fin a los actos violentos y tampoco ven a la denominada izquierda abertzale con ánimo de aceptar las reglas de juego democrático.

Para los ciudadanos es además "imprescindible" un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios en política antiterrorista y un 60 por ciento considera "probable" que se produzca. Este porcentaje crece un total de 30 puntos respecto a los datos obtenidos el pasado año, cuando sólo un tercio de la población veía posible un pacto entre socialistas y 'populares'.

Además, la población reclama la revitalización del Pacto Antiterrorista y apoya las nuevas medidas en relación a los condenados por terrorismo. En concreto, el 92 por ciento son partidarios de que los terroristas cumplan la pena máxima de 40 años y de que se les realice un seguimiento económico para que paguen las indemnizaciones a sus víctimas.

DIVISIÓN EN EL PAGO DEL 'IMPUESTO REVOLUCIONARIO'

Los ciudadanos también apoyan mayoritariamente que se apliquen penas de alejamiento de sus víctimas a los terroristas, que se eliminen sus nombres de las calles o plazas públicas o que se prohíban los actos de homenaje público. Sin embargo, la población esta dividida sobre la persecución a quienes pagan el denominado impuesto revolucionario. Mientras que el 46 por ciento está de acuerdo con esta medida, el 43 por ciento la rechaza.

Respecto a la atención de la sociedad a las víctimas, el 60 por ciento cree que la sociedad vasca presta "poco o nada" apoyo, así como los partidos vascos: PNV (73%), EA (74%), IU/EB (59%). De la misma forma, ven que los partidos políticos utilizan a las víctimas del terrorismo con interés político o electoral.

En este apartado de la encuesta, la sociedad está dividida también sobre el reconocimiento del carácter político a las víctimas, ya que mientras el 40 por ciento les reconoce ese carácter, el 39 por ciento lo rechaza. Por su parte, el rechazo del partidismo de las víctimas crece hasta el 79 por ciento.

La presidenta de Covite, Cristina Cuesta, reconoció que en este apartado quizá es necesaria una mayor "pedagogía" de las víctimas para explicar su papel y su labor en la sociedad y argumentó que la misma ETA las convirtió en "víctimas políticas". Cuesta explicó que quizá la sociedad confunde su carácter político de defensa de "principios fundamentales" con una postura partidista.

RECONOCIMIENTO DE LOS AMENAZADOS COMO VÍCTIMAS

Hasta un 95 por ciento de los ciudadanos reconocen además el derecho de las víctimas y sus asociaciones a ser escuchadas y rechazan la posibilidad de pasar página, lo que, a su juicio, ocasionaría una fractura social. De la misma forma, valoran de forma positiva las movilizaciones y manifestaciones de víctimas para la reivindicación de memoria, dignidad y justicia.

Otro de los puntos que más consenso genera entre la sociedad es el del reconocimiento como víctima del terrorismo de los amenazados en el País Vasco, ya que hasta un 89 por ciento de los encuestados creen que los amenazados tienen derecho a ser reconocidos como víctimas. Este punto es uno de los que se debaten para su inclusión en la futura ley de víctimas del terrorismo.