MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de La Mata, ha propuesto juzgar a 35 personas por organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales entre los que se encuentra la cúpula de iDental por el fraude masivo en estas clínicas dentales low cost que ha dejado miles de afectados en España.
Se trata de la segunda pieza separada de la macrocausa que el instructor da por concluida, después de acordar el pase a procedimiento abreviado -equivalente al procesamiento en causas con sumario-- de la investigación relativa al fraude a la Seguridad Social que se presume habrían cometido tanto los primeros administradores de iDental, como el equipo que adquirió la empresa y que estaba al frente cuando fue intervenida.
Ahora, De La Mata cierra las pesquisas sobre delitos económicos y propone juzgar por un lado, la existencia de una organización dedicada a obtener financiación de Bankia para invertir en empresas y enriquecerse con los préstamos obtenidos en perjuicio del inversor y, por otro, los delitos económicos que se habrían cometido en las operaciones fraudulentas relacionadas con Grupo iDental.
Se trata, según el auto del juez, de dos organizaciones criminales diferentes que han desarrollado distintas actividades delictivas y que coincidieron cuando la primera, encabezada por Antonio García Pellicer y Vicente Castañer, vendió iDental a la segunda, que lideraban Luis Sans y los hermanos Garrido López.
DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL A OTRA
Los primeros contaban también con Sandra Berenguer, Enrique Gumiel del Vado y Elena Llaneza y a todos se les propone enviar a juicio. Fueron quienes constituyeron el grupo iDental, así como toda la estructura societaria derivada del mismo, y quienes lo gobernaron hasta la entrada de Sans y los Garrido, quienes a su vez, contaban con otras personas con distintos niveles de responsabilidad.
El auto explica que la estrategia fraudulenta consistía en ofrecer servicios odontológicos sofisticados y de alta calidad a los clientes a precios irrisorios, con pleno conocimiento de la incapacidad del Grupo para proporcionar los servicios comprometidos y con total desprecio de la salud bucodental y estado de sus usuarios, a quienes hacían creer que pagaban menos porque parte del elevado coste de los tratamientos estaba subvencionado por instituciones públicas.
Conforme señala el instructor, una vez captado el cliente se le presionaba de forma muy agresiva para hacerle firmar los presupuestos y los correlativos créditos al consumo para obtener de golpe el importe íntegro del tratamiento por parte de la entidad que lo financiaba. Así, el objetivo era captar el mayor número de clientes y así, más recursos económicos "con plena conciencia de la incapacidad de la empresa de prestar el servicio comprometido".
Además, en el contrato que firmaba el cliente con IDENTAL existía una cláusula por la que si realizaba una devolución del tratamiento, tendría que pagarlo a precio de mercado, es decir, con la estimación inicial sin los supuestos descuentos que le ofrecían y que estaba "inflada". "Se dejaba atrapado al paciente, que se veía obligado a continuar con los pagos del crédito", señala el juez.
SABÍAN QUE NO PODRÍAN TERMINAR EL TRATAMIENTO
Este sistema se desarrolló durante la etapa de Pellicer y Castañer y se mantuvo "exactamente" con Sans y los hermanos Garrido una vez compraron el negocio, cobrando a los pacientes por adelantado y a sabiendas de que no se iban a completar los tratamientos, ya que únicamente había financiación para continuar la actividad de la empresa hasta junio de 2018 (finalmente se cerró en mayo) y no pagaron las nóminas durante los meses previos.
Sans y los Garrido componían, de acuerdo al auto, su propia organización y llevaba años desarrollando una estructura societaria gracias a la cual consigguieron fraudulentamente una importante financiación de Bankia para su inversión en explotaciones mercantiles, con el objetivo de su enriquecimiento personal a costa de los fondos desembolsados por la entidad bancaria en perjuicio de la viabilidad de las explotaciones económicas adquiridas y la integridad patrimonial financiera.
Ese mismo operativo se habría repetido al menos seis veces, siempre según las conclusiones del juez, en otras tantas sociedades y ha implicado 45 millones de euros en préstamos hipotecarios obtenidos de Bankia de forma fraudulenta, hasta conseguir la adquisición del grupo iDental a sus propietarios iniciales.
PACIENTES "SIN SALIDA"
Cerrada la instrucción de esta pieza y la relativa a los delitos contra la Seguridad Socialo, queda la relativa a delitos contra la Hacienda Pública y también la parte principal de la causa, la más compleja por extensa, sobre los hechos y delitos de lesiones contra la salud pública cometidos por los investigados y otras personas en los tratamientos odontológicos.
Conforme explica De la Mata, un número masivo de tratamientos quedaron inacabados, fueron defectuosos y en muchos casos, produjeron alergias e intolerancias y en otros, lesiones, debido a la absoluta insuficiencia en la capacidad de producción de los servicios por parte de las clínicas del Grupo y la limitada experiencia de los odontólogos, en su mayoría recién graduados sin práctica profesional.
Los pacientes, pese a estar sufriendo circunstancias como lesiones por mala praxis y mal asesoramiento y padeciendo la deficiente higiene en el material utilizado, "no tenían una vía alternativa de salida ya que la clínica no daba opción a cancelar los tratamientos por lo que aunque no quisieran continuar con estos, debían seguir pagando las mensualidades debidas". Algunos perjudicados, al quejarse, recibieron amenazas y coacciones del Departamento de Calidad de iDental.
