NUEVA YORK, 13 Feb. (del corresponsal de EUROPA PRESS Carlos López) -
Alrededor de medio centenar de personas se concentraron hoy en las proximidades del Instituto Cervantes de Nueva York en protesta por las condiciones laborales en las que se encuentran los contratados laborales de la Administración General del Estado en el exterior y reclamaron un convenio que garantice la aplicación de la legislación laboral española.
El personal contratado laboral que trabaja al servicio del Ministerio de Exteriores --aquellos trabajadores que trabajando para la Administración General del Estado es contratada de forma local en el país de destino-- lleva a cabo tres días de huelga con el objeto de lograr unas mínimas reivindicaciones laborales que les proporcionen los mismos derechos que el resto de trabajadores españoles.
La huelga convocada por los sindicatos UGT, CCOO y CSI-CSIF, comenzó ayer lunes y se prolongará hasta mañana miércoles y tiene como principal objetivo negociar un convenio específico de la Administración General del Estado para todo el personal contratado en el exterior, así como la aplicación inmediata del ordenamiento jurídico español y en consecuencia la legislación laboral española y el Estatuto de los Trabajadores.
Asimismo, los trabajadores reclaman corregir el "caótico e injusto régimen retributivo" al que se encuentran sujetos y que la Administración aprovecha gracias al limbo legal en el que se encuentran y que hace totalmente arbitrarias las subidas salariales, la concesión de días festivos que han pasado a llamarse 'días del embajador' por ser él quien de forma discrecional los concede.
En algunos casos trabajadores de la misma categoría laboral y en la misma situación llegan a percibir salarios con diferencias de hasta 1.000 dólares, según afirmaron manifestantes en la concentración celebrada hoy.
Entre otros compromisos, los trabajadores reclaman de la Administración la aplicación de leyes como la de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral, Jornada y Horarios, así como el Plan de Pensiones de la Administración General del Estado. Además, piden la posibilidad de participar en los procesos de funcionarización en igualdad de condiciones y el cese inmediato de las contrataciones laborales.
