Seis magistrados discrepan porque, como el resto de fosas se siguen abriendo, se ha creado una situación "rayana en el absurdo"
MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó hoy, con el voto de once de sus diecisiete magistrados, su decisión del pasado 7 de noviembre de paralizar la exhumación de todas las fosas comunes de la Guerra Civil autorizadas por el juez Baltasar Garzón. Insiste en que estas actuaciones no eran urgentes y podían esperar hasta que se resolviera sobre la competencia de Garzón en este asunto, que le fue denegada el pasado viernes.
El auto dado ha conocer hoy rechaza el recurso interpuesto contra la paralización por Carmen Negrín, la nieta del que fuera presidente de la II República Juan Negrín, al que se adhirieron el Forum per la Memoria Histórica del País Valenciá y Associasió per la Recuperació de la Memoria Histórica de Mallorca.
La resolución, de la que ha sido ponente el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, insiste en que la Ley prevé determinadas excepciones a la paralización de las investigaciones penales mientras se resuelve sobre la competencia de un asunto determinado, que son las necesarias "para comprobar el delito y aquellas otras que considere de reconocida urgencia".
Por el contrario, "todas aquellas actuaciones que puedan esperar sin daño para la investigación quedan fuera de la habilitación legal", y en este caso se encontrarían las autorizaciones de apertura de fosas dictadas por Garzón.
"Cuando, como ocurre en el caso presente, se pone en conocimiento del tribunal superior que el juez está practicando diligencias que no reúnen aquella cualidad, el superior del instructor puede y debe adoptar las medidas necesarias", subraya el auto.
Dichas medidas "preservan el derecho de las víctimas al proceso, evitando la pérdida de fuentes de prueba o de vestigios y piezas de convicción que pudiera derivarse de la nulidad de los actos procesales realizados por quien pudiera resultar no tener competencia objetiva y función", puntualiza el auto.
ABSTENCIONES "INADMISIBLES".
El auto rechaza también la pretensión de Negrín de que los magistrados de la Sala de lo Penal se abstuvieran en este asunto, que se califica de "inadmisible", pues la abstención es un acto personalísimo del juez mientras que la parte lo que puede hacer es recusar, lo que no se produjo en este caso.
En cuanto al examen por la Sala de la competencia objetiva de Garzón mediante la aplicación del artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el tribunal detalla que se trata de un procedimiento "singular y extraordinario" y que se puede resolver sin pedir informe alguno a las partes, "lo que de ordinario ocurrirá en los supuestos en los que la incompetencia sea grosera o la competencia manifiesta".
"Por lo tanto, en este incidente, no es obligada la audiencia de las partes del proceso, proceso cuyo contenido puede ser desconocido para el tribunal, como ocurre en el supuesto sometido a nuestra consideración", añade.
VOTO DISCREPANTE.
Por su parte, los magistrados Teresa palacios, Manuela Fernández de Prado, Javier Martínez Lázaro, José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Sáez discrepan de la mayoría al considerar que la paralización de las exhumaciones "vino a poner en crisis el proceso mediante su clausura anticipada" y, al no ser oídas previamente las partes, vulneró el derecho de éstas a la tutela judicial efectiva.
Añaden que la decisión ha creado "una situación de difícil explicación, rayana en el absurdo", ya que en España, y "desde hace dieciocho años", las asociaciones en defensa de los desaparecidos por el franquismo "vienen abriendo fosas comunes, exhumando restos de desaparecidos (todavía indignamente enterrados) e identificándolos con la ayuda de profesionales de la medicina legal, la antropología forense, la biología y la historia".
Recuerdan que tras la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, que estableció medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, esa actividad se realiza con financiación pública.
"Después de nuestro auto de 7 de noviembre -el que paralizó las exhumaciones-, se siguen abriendo fosas y exhumando restos en varios lugares excepto en aquellas localizaciones que el Juez Central había judicializado, que han sido paralizadas sine díe".
