MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aseguró hoy que no le gusta que el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón esté "imputado" por un presunto delito de prevaricación en su investigación sobre los crímenes del franquismo aunque, subrayó que "ningún juez" está al margen del sistema y del ordenamiento jurídico español.
Caamaño, en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, calificó el caso como "complejo" puesto que desde el punto de vista político "se están investigando temas" relacionados con la Ley de Memoria Histórica y, además, la querella presentada contra Garzón por el pseudo-sindicato ultra derechista Manos Limpias tiene "la condición política que tiene".
Por ello, el ministro de Justicia se mostró convencido en que la sala segunda del Tribunal Supremo (TS) "tendrá en cuenta" estas consideraciones y "aplicará la ley penal en su rigor". "Estoy seguro que el TS analizará y determinará lo que está en juego y verá si hay algún tipo de indicio que pueda hacer prosperar la causa", remarcó.
"TODOS LOS DÍAS FIRMO EXPEDIENTES" DE FAMILIARES DEL FRANQUISMO
Asimismo, preguntado por la situación que atraviesan los familiares de los desaparecidos y asesinados durante el franquismo y la Guerra Civil, Caamaño aseguró que "todos los días" firma expedientes de declaración de reparación y de reconocimiento a "muchos nietos e hijos", aunque se llevan a cabo "desde el silencio que ellos mismos piden".
"Lo que persiguen es que el padre pueda explicar a sus hijos que su abuelo no era un asesino sino que murió en una cárcel privado de libertad por ser sindicalista, o murió de una paliza por ser un homosexual", matizó.
Dicho esto, el titular de Justicia recordó que desde el ministerio se está trabajando "intensamente" con una oficina específica de atención a todos los colectivos y se les está "ayudando económicamente" a través de una "línea de subvenciones", en materia de fosas y de búsqueda de información, a las asociaciones.
No obstante, Caamaño pidió "tener presente" que este tipo de casos "no son sólo competencia del Estado", sino que "están implicadas" todas las Administraciones Públicas por lo que "hay que trabajar de una manera conjunta para poner en valor todo lo dispuesto por la ley".
