MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds intentarán hoy que el Congreso inste al Gobierno a dar cumplimiento en un plazo de seis meses a todos los preceptos de la conocida como Ley de Memoria Histórica, incluido el que establece la retirada de los símbolos franquistas.
Este es uno de los 17 puntos que contiene la moción que IU-ICV someterá a votación en el Pleno de la Cámara Baja y que se deriva de la interpelación que el portavoz de ICV, Joan Herrera, formuló el pasado 1 de abril al ministro de Justicia, Francisco Caamaño.
Los partidos proponentes están negociando con los socialistas con la intención de que se puedan aprobar al menos la mitad de las demandas que conforman la moción, con las que persiguen que el Ejecutivo dé cumplimiento completo a la ley en un plazo de seis meses.
En concreto, IU e ICV confían en poder sacar adelante los puntos relativos a la creación de un mapa de fosas y otro de obras realizadas mediante trabajos forzados, a la retirada de los símbolos franquistas y a la agrupación, en el Centro Documental de la Memoria Histórica, de los fondos documentales relativos a la Guerra y la Dictadura.
PROPUESTAS DE MÁXIMOS
Pero IU e ICV también han incluido en la moción las reivindicaciones que van más allá de la norma, aunque asumen que no serán aprobadas. El propio Caamaño ya dejó claro en el Congreso que el Ejecutivo no superará lo previsto en la norma.
Entre otras cosas, reclaman la creación de una Fiscalía y un Alto Comisionado especiales para las víctimas de la contienda y la dictadura, que el Ministerio Público promueva la anulación de las sentencias dictadas de forma ilegítima por tribunales franquistas, y que se subvencione la localización, exhumación e identificación de las víctimas cuyos cuerpos siguen desaparecidos.
Llamazares también asume como complicado que el Ejecutivo dé el paso de retirar subvenciones a las entidades que no retiren los símbolos franquistas. En su texto, IU e ICV llegan a plantear que el Ejecutivo haga uso de la facultad que le concede la norma para no conceder subvenciones a aquellas instituciones o propietarios privados que mantengan este tipo de simbología, incluida la Iglesia Católica.
