CÓRDOBA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
Antonio Gutiérrez Dorado, nieto y representante legal de la familia del parlamentario del PSOE fusilado y enterrado en una fosa común en el cementerio de la Salud de Córdoba durante la Guerra Civil, Luis Dorado Luque, ha presentado hoy en los juzgados de Córdoba una denuncia por prevaricación contra la alcaldesa de la ciudad, Rosa Aguilar (IU).
Según informó hoy el sindicato CGT-A en un comunicado, la denuncia, que también se refiere a la presunta comisión de los delitos de desobediencia y denegación de auxilio, se ha presentado igualmente contra el delegado de Presidencia del Ayuntamiento de Córdoba y presidente de la empresa municipal de cementerios (Cecosam), Alfonso Igualada, y contra el gerente de Cecosam, José Cabrera.
En el texto de la denuncia Antonio Gutiérrez manifiesta que su familia obtuvo "subvención del Ministerio de la Presidencia para realizar labores de prospección, identificación y exhumación de los restos de Luis Dorado Luque, a través de la Sociedad de Ciencias Aranzadi".
Igualmente especifica que "los trabajos mencionados, y en concreto las tareas de georadar para localizar y dimensionar correctamente la fosa, fueron iniciados el pasado 3 de octubre, como es público y notorio en la prensa local. Para el desarrollo de las tareas de prospección y exhumación, como es obvio, se contaba con la debida autorización municipal, por tratarse de un terreno público".
De hecho, según se relata en la denuncia, "el gerente de Cecosam estuvo presente en el inicio de los trabajos de georadar", que permitieron localizar la fosa. El informe técnico, del que se dio cuenta al Ayuntamiento de Córdoba y a Cecosam, "acredita la existencia de la fosa y su contenido osteológico, siendo por tanto el siguiente paso el inicio de los trabajos de excavación", los cuales, según argumenta la denuncia, "no dependen de autorización judicial alguna, dado que se enmarcan en actuaciones particulares al amparo de las previsiones de la llamada Ley de Memoria Histórica 52/2007, así como de normas autonómicas, como el Decreto 334/2003, de 2 de diciembre".
Pero, una vez concluidos los trabajos de mapa de la fosa, el denunciante y su familia conocieron a través de la prensa que el Ayuntamiento de Córdoba pretendía impedir que continuasen las tareas previstas, "que ya habían sido autorizadas, exigiendo la Alcaldía un inexistente control judicial de la misma y aclaración de los costes para el municipio. Ello sin comunicación escrita de paralización, pero sí de hecho, al impedir el trabajo de la Sociedad Aranzadi".
En este sentido y con el objetivo de aclarar las posibles dudas, del Ayuntamiento, el pasado martes día 11 de noviembre se desplazaron a Córdoba -desde Bilbao, Sevilla y Málaga- las entidades que respaldan la exhumación de los restos de Luis Dorado Luque, es decir, la Sociedad de Ciencias Aranzadi y 'Rmhsa', de CGT-A, así como el propio Antonio Gutiérrez Dorado.
Sin embargo, tal y como se indica en la denuncia, "la respuesta municipal negativa" se mantuvo, apoyándose para ello "en la existencia de un auto del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que, según la Alcaldía, ha paralizado las exhumaciones".
En la reunión se le hizo ver a los representantes municipales por parte de las mencionadas sociedades y Gutiérrez Dorado que "dicho auto nada tiene que ver con la exhumación de la fosa del Cementerio la Salud, la cual, aún sin la existencia del sumario, cuenta con soporte legal para ser abierta", a lo que se suma que el referido auto de la Audiencia Nacional "no es firme y que contra el mismo esta misma parte ha interpuesto recurso de nulidad".
Por tanto, "la obstaculización de los trabajos ya en desarrollo, por la Alcaldía y sus delegados, carece de soporte legal, constituye una actuación administrativa injusta a sabiendas, con ocasión de perjuicios económicos -puede suponer la pérdida de la subvención- y supone la desobediencia y denegación del auxilio que le ha sido solicitado al Ayuntamiento de Córdoba, y cuyos responsables en su desarrollo son los ahora denunciados. La negativa incumple los deberes de colaboración administrativa además impuestos por los artículos 11 y 22 de la Ley 52/2007, y demás normas administrativas concordantes".
De todo ello se hizo en la citada reunión del pasado martes "expresa advertencia los responsables municipales", pero éstos respondieron "afirmándose en su negativa. Ello da lugar a la presentación de la presente denuncia".
Por último, el denunciante solicita que, "como prácticas de prueba", se cite a declarar a los denunciados, "así como que se ordene al Ayuntamiento de Córdoba y a Cecosam que permita la continuidad de los trabajos, ello por razones de urgencia y de modo cautelar, dado que la actual situación puede producir la pérdida de la asignación presupuestaria expuesta".
Para 'Rmhsa' de CGT-A, "la actitud que viene manteniendo el Ayuntamiento de Córdoba en esta materia es al menos lamentable, pues es una de las pocas capitales de provincia que no ha realizado ningún tipo de dignificación y señalamiento (monolitos) de las fosas comunes del franquismo, a pesar de la existencia de ayudas de la Junta de Andalucía, y todo ello, además, en contra de las actuaciones que en los últimos años viene realizando la fuerza política gobernante en Córdoba (IU) en todo lo relacionado con la recuperación de la Memoria Histórica". Producto de ello es "el malestar de muchas familias de Córdoba y provincia, que en los últimos años han venido dirigiéndose a esa Alcaldía".
