BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), José María Mena, defendió hoy la imparcialidad de la Fiscalía ante las "acusaciones de politización" recibidas por sus decisiones en los delitos económicos y de corrupción, también denominados de "cuello blanco".
Mena, que se jubilará en los próximos meses, pronunció hoy uno de sus últimos discursos oficiales en el acto de apertura del año judicial en Catalunya, que inauguró la presidenta del TSJC, Maria Eugènia Alegret, y al que asistió el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall.
El fiscal jefe aseguró que los delitos económicos y contra la corrupción se han perseguido con "tenacidad" y advirtió que el inicio de las investigaciones por parte del Ministerio Fiscal "no debe ser confundido con una condena anticipada", aunque tampoco "puede quedar al margen de la trascendencia social o política que por razones incluso de orden mediático se adjudica a estos hechos".
Según Mena, "siempre que hay un denunciante procesal o mediático cabe con posterioridad una decisión favorable o adversa y la contrariedad por la decisión adversa suele generar acusaciones de politización contra la Fiscalía, igual que la decisión favorable por parte de los disconformes con ella".
Por ello, el fiscal jefe rechazó "las críticas por una pretendida e inexistente parcialidad", aunque asumió los reproches ante los "errores" cometidos por la Fiscalía e, incluso, "por la lentitud o ineficacia de nuestras instituciones".
Durante su discurso, Mena también defendió la constitucionalidad de las reformas que el nuevo Estatut de Catalunya establece en materia de Justicia. A su entender, los artículos del texto que se refieren al funcionamiento del Ministerio Fiscal y del poder judicial contienen "una referencia explícita al marco de su desarrollo en las leyes procesales y orgánicas presentes y futuras, como solemne expresión de su voluntad de asumir el marco incuestionable de constitucionalidad".
VIOLENCIA SOBRE LA MUJER.
El fiscal jefe aprovechó el acto de hoy para hacer un balance del primer año de aplicación de la nueva Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género. Mena considera que dicha experiencia "dista de ser satisfactoria" y señaló que, "incluso se han producido innecesarios conflictos interjudiciales".
Por ello, el fiscal jefe reclamó "la instauración de un verdadero y concreto orden jurisdiccional especializado" para dotar a la población "de un igual nivel de asistencia judicial efectiva todos los días de la semana". Para alcanzar estos objetivos, señaló, se necesita una dotación presupuestaria acorde con las "ambiciosas metas" que persigue esta ley.
NO SIEMPRE ES NECESARIO PEDIR PRISIÓN.
Otra de las cuestiones que Mena trató en su discurso fue la "reacción punitiva" ante los distintos ámbitos de criminalidad. El fiscal jefe considera que, ante la heterogeneidad delictiva existente hoy día, las medidas que se tomen deben ser "diferenciales" y no "únicamente la prisión".
Según Mena, "no cabe pedir frente a todo fenómeno antisocial clásico o novedoso siempre y únicamente la cárcel ni, cada vez más, el cumplimiento inflexible íntegro de las penas de prisión", aunque "la alternativa a la prisión no puede conducir a una impunidad práctica". "Nuestra sociedad exige frente al delito aflicción proporcional y disuasión efectiva", señaló.
CREACIÓN DE LA SALA MERCANTIL DEL TSJC.
Por su parte, la presidenta TSJC, Maria Eugènia Alegret, propuso durante su discurso que, dentro de las nuevas competencias que el Estatut atribuye al Alto Tribunal catalán, se cree la Sala Mercantil del TJSC, con magistrados especialistas, para que en Catalunya se pueda resolver en segunda y última instancia sobre esta "importante" materia.
Alegret confió en que el futuro gobierno de la Generalitat "dé la prioridad que se merece al desarrollo del nuevo Estatut en el ámbito de la Administración de Justicia y a la implantación de la nueva oficina judicial para poder hablar de una Justicia no sólo de calidad, sino también moderna y eficaz".
La presidenta del TSJC, no obstante, recordó que el Gobierno catalán tiene las competencias en medios personales y materiales desde 1986 y señaló que estos 20 años "deberían haber permitido" que la Administración de Justicia en Catalunya contase con los medios de los que ya disponen otras administraciones "sin necesidad de constantes reclamaciones y regateos".
Durante la apertura del año judicial también se impusieron las Cruces de Sant Raimon de Penyafort a los magistrados Fernando Lacaba, José Isidro Rey y Jesús Antonio Broto. Además de Mena y Maragall, asistieron al acto el delegado del Gobierno en Catalunya, Joan Rangel, el conseller de Justicia de la Generalitat, Josep Maria Vallès, y los vocales del Consejo General del Poder Judicial Montserrat Comas y Alfons López Tena, entre otras personalidades.
