La Mesa del Parlamento vasco pide un informe jurídico para ver si es posible transferir al TS el dinero retenido a SA

Actualizado: martes, 6 junio 2006 14:14

VITORIA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlamento vasco ha pedido que se elabore un informe jurídico para ver si es posible transferir al Tribunal Supremo los 692.000 euros que le fueron retenidos a Sozialista Abertzaleak durante la pasada legislatura por orden del alto tribunal, según informaron fuentes parlamentarias.

En la reunión que el órgano de dirección de la Cámara mantuvo esta mañana para analizar la orden del Supremo de que se transfiera ese dinero a una cuenta de la Sala del 61, todos los representantes de los grupos de la Mesa, a excepción del PP, expresaron sus dudas sobre la posibilidad de cumplirla.

El Parlamento vasco dejó de abonar ese dinero después de que el TS remitiera en 2003 una providencia al Interventor General del Parlamento en la que le instaba a suspender las subvenciones, tras dictar también la suspensión del grupo parlamentario en ejecución de la sentencia de ilegalización de Batasuna, aunque esta última orden no se llegó a materializar.

En el mes de junio de ese mismo año se suspendieron las subvenciones como grupo a SA y la retención se prolongó hasta febrero de 2005, cuando se procedió a la disolución de la Cámara para convocar nuevas elecciones autonómicas.

El Tribunal Supremo ha pedido, no sólo al Parlamento vasco, sino también al Ministerio del Interior, que ingresen en una cuenta del Banco de España, cuyo titular es la Sala del 61, las subvenciones electorales no abonadas a la formación abertzale y que serán destinadas a fines sociales.

Sin embargo, los miembros de la mesa del Parlamento -compuesta por la presidenta de la Cámara vasca, Izaskun Bilbao (PNV), el vicepresidente segundo, Miguel Buen (PSE-EE), el vicepresidente segundo, Rafa Larreina (EA), el secretario primero, Carmelo Barrio (PP), y la secretaria segunda, Kontxi Bilbao (EB)-, a excepción del representante popular, creen que es necesario que los servicios jurídicos expresen su opinión sobre si es factible realizar esa transferencia.

Aunque la intención es cumplir la orden del Tribunal Supremo, consideran que la partida que se les exige no existe en el presupuesto porque SA ya desapareció como grupo al iniciarse esta legislatura y las cuentas del pasado ejercicio están liquidadas.

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