Nueve niños son obligados a irse de su colegio tras una decisión de la Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil

Actualizado: lunes, 2 marzo 2009 15:38

Los nietos de guardias civiles tendrán que conformarse con un sorteo de plazas vacantes al tener preferencia los hijos del Cuerpo

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Nueve niños que cursan estudios en el colegio Marqués de Vallejo de Valdemoro (Madrid), centro dependiente de la Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil, perderán su plaza el próximo curso, cuando inician la etapa de educación secundaria. La única posibilidad que tienen estos nueve niños, nietos todos ellos de miembros de las Fuerzas de Seguridad, de continuar en su colegio es conseguir la única vacante que podría quedar a través de un sorteo, según una carta que les ha remitido la Asociación de Huérfanos, a la que ha tenido acceso Europa Press.

La Asociación pro Huérfanos del Instituto Armado remitió el pasado 18 de febrero una carta a sus padres trasladándoles que "no es posible conceder plazas" a sus hijos. "No obstante, le informo que, una vez concedidas las plazas a los hijos de socios, si queda una vacante S.E., el General de División, Presidente del Consejo de Gobierno y Administración de la Asociación, ha dispuesto ser sorteada entre todos los nietos a los que no les ha correspondido plaza", informaba la misiva.

Por otra parte, envió otra carta a las familias de los alumnos que sí podrán iniciar sus estudios en secundaria y les instó a "efectuar una nueva solicitud" para acceder al nuevo ciclo. La Asociación aceptará su ingreso en función del orden de prioridad que establece que tendrán preferencia los hijos de los guardias civiles, seguidos de los nietos de los socios.

SORTEOS "ILEGALES"

"Estos sorteos son ilegales en educación", denunciaron a Europa Press fuentes próximas a los afectados, que precisaron que el reglamento del centro educativo no prevé la existencia de estos sorteos. Las mismas fuentes alertaron que 15 alumnos se vieron obligados a abandonar el colegio el año pasado por esta situación.

El colegio de Marqués de Vallejo, situado en el municipio madrileño de Valdemoro, dobló el número de plazas disponibles en educación infantil en 1998 y tres años después hizo lo mismo en los cursos correspondientes a educación primaria. Sin embargo, no desdobló los cursos de la ESO, por lo que, al final, muchos niños se quedarán sin plaza.

Todos los miembros del Instituto Armado pagan con carácter obligatorio una cuota mensual, que ronda el 1 por ciento de su salario, a la Asociación pro Huérfanos. En concepto del ingreso del conjunto de cuotas, la asociación puede llegar a disponer de más de nueve millones y medio de euros de patrimonio, según señalaron.

"No se adopta a la legalización. Este dinero de cuotas debería ir para satisfacer las necesidades de huérfanos y ayudas a colegios de guardias civiles", se quejan los denunciantes, quienes destacan su deseo de que los niños sigan acudiendo a este centro dada su "reputación", según se desprende de la la prueba de sexto de Primaria, la denominada Prueba de Conocimientos y Destrezas Indispensables (CDI), realizada el pasado mayo en los colegios de la Comunidad de Madrid.

Por todo ello, reclaman la apertura de otro grupo en educación secundaria, de forma que haya cabida para todos los solicitantes. "Tendría un coste cero porque en el colegio Infanta María Teresa -el otro colegio de la Asociación de Huérfanos- faltan solicitantes y podrían trasladar los recursos inutilizados", indican.

PÉRDIDAS MILLONARIAS

En este sentido, las fuentes sospechan que la Asociación pro Huérfanos prefiera invertir este capital en otros usos y recuerdan que esta institución perdió 300.000 euros en un bono del banco estadounidense de inversiones Lehman Brothers, entidad que quebró el pasado septiembre. Seguidamente, la asociación inició acciones legales para intentar recuperar el total del dinero invertido.

Los huérfanos del Instituto Armado también perdieron alrededor de más de 400 millones de pesetas en el conocido caso Gescartera. La asociación ha recibido quejas por la "carencia de estatutos, de un órgano de control y el hecho de que no se haya adaptado a la Ley de Asociaciones".