BARCELONA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
El padre de una niña de 3 años de edad que vive en Sitges (Barcelona) Barcelona, Carmelo González, amenazó hoy con interponer una denuncia el próximo 1 de febrero si la Generalitat no le deja escolarizar a su hija en castellano. El padre lleva tres meses solicitando esta demanda a la administración autonómica.
En declaraciones a Europa Press, González, médico de profesión, también explicó su intención de llevar a cabo una "huelga de hambre de manera intermitente como medida de protesta".
González llegó a un acuerdo con la cúpula directiva del Centro Educativo de Infantil y Primaria (CEIP) de Sitges, donde está escolarizada su hija desde principio de curso. Según el padre, el acuerdo consistía en que los profesores se dirigirían a la niña en castellano e impartirían las clases en ambas lenguas en la medida de lo posible. No obstante, González denunció el incumplimiento de este trato poco tiempo después.
Además, criticó que la "práctica educacional" que está recibiendo su hija puede ser considerada "segregación y a veces ni tan siquiera la cumplen". "Si no llegamos a una solución antes del 1 de febrero estamos preparando una denuncia", sentenció el padre.
Convencido de su reivindicación, afirmó que después de numerosos encuentros con la directiva del colegio, su directora le sugirió que "para cumplir su deseo" la solución era llevar a su hija a un centro privado, "donde la matrícula cuesta 450 euros", alternativa que para González "es impensable que parta de una directora".
Asimismo, el médico que reside desde hace diez años en Cataluña, se declaró votante de izquierdas y respetuoso con el catalán pero matizó su preferencia por el castellano porque lo hablan "400 millones de personas frente a 6 millones y por ser su lengua materna.
"Mientras vivamos en el mismo país continuaré con mi lucha, el día que no sea así no perderé el tiempo", afirmó.
El padre de la niña, consciente de sus palabras y del revuelo que pueden generar, reconoció que la solución pasa por "una opción que puede parecer provocadora, como es la utilización del castellano como lengua vehicular en el ámbito público reconociendo el derecho de todos aquellos que lo pidan en catalán".
Por su parte, fuentes de la Conselleria de Educación de la Generalitat explicaron a Europa Press que "en el curso 2004-2005 no más de cinco familias se han acogido a esta opción y que en el caso de la menor de Sitges se está cumpliendo la Ley de Política Lingüística aprobada por el Parlament".
