SEVILLA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
El padre del empresario sevillano Javier Villanueva, que se enfrenta desde hoy a una petición de la Fiscalía de Santa Cruz (Bolivia) de 30 años de prisión por el presunto asesinato de la fiscal antidroga Mónica Von Borries con un coche-bomba en febrero de 2004, criticó la presencia de la hija de ésta, menor de edad, en el banco de la acusación en la primera sesión del juicio.
En declaraciones a Europa Press, Francisco Villanueva tachó de "inexplicable" la presencia de la niña, alegando que con esta medida "lo que se pretende es dar pena y añadir aún más presión a un juicio ya de por sí bastante duro".
Villanueva también hizo hincapié en una declaración inicial de los magistrados de la Corte de Distrito de Santa Cruz, lugar donde se juzga al sevillano, donde daban a conocer las "presiones" recibidas por parte de algunos medios de comunicación extranjeros, y su intención de actuar con todo el rigor de la justicia, pese a ello.
Por último, el padre del encartado también se quejó del "retraso considerable, porque nos han tenido dos horas esperando para nada" que sufrió el inicio de la vista oral, puesto que la Policía andina no había cursado a tiempo la orden de traslado del acusado.
Los horarios de todas las sesiones de juicio serán de 9.00 a 12.00, hora local --14.00 a 17.00, hora española--, y de 15.00 a 18.00, hora boliviana --20.00 a 23.00, hora española--. En la fracción inicial de la primera sesión, según Villanueva, únicamente se ha llevado a cabo el "formulismo" de conformar las partes, sin que hasta ahora se hayan leído siquiera las calificaciones de las partes como paso inicial para el comienzo del enjuiciamiento.
EN LIBERTAD CONDICIONAL
El juicio contra Villanueva tuvo que ser aplazado tras la recusación del tribunal ciudadano --jurado popular-- llevada a cabo por la defensa de éste. El sevillano se encuentra recluido, en régimen de libertad condicional, en un domicilio de la localidad, después de que el Tribunal Cuarto de Sentencia de la Corte decidiera el 4 de noviembre de 2005 darle el permiso para salir del penal de Palmasola como consecuencia del recurso entregado por su letrado, Santiago Flores, al cumplirse el período temporal máximo de 18 meses de encarcelamiento legal sin que se hubiera llevado a cabo vista oral.
Al sevillano se le acusa de pertenecer a una organización criminal liderada por el italiano Marco Marino Diodato. A pesar de reiterar su inocencia, admitió su culpabilidad tras ser sometido a torturas y vejaciones, según sigue sosteniendo la familia. La Oficina del Defensor del Pueblo de Bolivia, Waldo Albarracín, publicó un informe a principios de julio de 2004 que reconocía irregularidades en el proceso de encarcelamiento del sevillano, como que estuvo perdido durante cuatro horas desde su detención y que el médico de la prisión en la que está encarcelado detectó síntomas de tortura en su cuerpo.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) denegó a principios de febrero de 2005 la libertad provisional al sevillano después de que los jueces argumentaran que "necesariamente" debía tener familia residente en el país andino, por lo que permanece en situación de detención preventiva en la prisión de Palmasola.
El joven sevillano obtuvo a mediados de octubre de 2004 una anterior negativa en la audiencia ya que el juzgado entendió que había riesgo de fuga y no le concedió la libertad solicitada a través de su representante legal.
