BARCELONA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia de Barcelona ha reabierto el denominado 'caso Pallerols', sobre la presunta financiación irregular de UDC mediante subvenciones de la Conselleria de Trabajo, y ha acordado que ocho de los 13 imputados no aforados vayan a juicio por los presuntos delitos de fraude de subvenciones públicas, malversación de caudales, tráfico de influencias, falsedad documental y receptación.
La decisión de la Sección Décima del Tribunal provincial supone la estimación parcial de los recursos de apelación presentados por la Fiscalía y la Generalitat contra el sobreseimiento provisional de la causa, que fue acordado por la juez de Instrucción número 9 de Barcelona en diciembre de 2005 y ratificado por la misma el pasado mes de mayo.
La Generalitat también solicitó que se practicaran nuevas diligencias y que se siguiera investigando la presunta financiación irregular, petición a la que la Audiencia de Barcelona se opone porque, "tras siete años de instrucción, tal solicitud aparece ahora como ciertamente extemporánea y se antoja inútil".
El 'caso Pallerols' se inició después de que un informe de la Guardia Civil revelase que la Conselleria de Trabajo, dirigida por el miembro de UDC Ignasi Farreras, había otorgado subvenciones a tres empresas de Fidel Pallerols para la realización, entre 1990 y 1999, de cursos de enseñanza no reglada, cofinanciados por el Fondo Social Europeo con un total aproximado de 8.856.510 euros. La Guardia Civil detectó que ocho de los 376 cursos investigados no se realizaron y que 233 presentaban presentaban diferentes irregularidades.
No obstante, la juez de Instrucción número 9, Silvia López Mejía, decidió archivar provisionalmente la causa la causa respecto a los 13 imputados no aforados, entre ellos varios ex dirigentes y militantes de UDC, al entender que los indicios de criminalidad derivados de los siete años de instrucción de la causa "no resultan suficientes" para afirmar que el dinero donado a UDC se extrajo irregularmente.
La magistrada sobreseyó la causa para los imputados no aforados un mes después de que la Sala Penal del Tribunal Supremo archivara la causa contra el diputado de UDC en el Congreso Josep Sánchez Llibre y el senador Pere Grau. López Mejía, no obstante, dejó abierto un segundo procedimiento contra el empresario andorrano Fidel Pallerols por nueve presuntos delitos contra la hacienda pública relacionados con el funcionamiento interno de sus empresas, decisión que ahora se ha visto ratificada por el Tribunal provincial.
"EXISTEN NO POCOS INDICIOS", SEGÚN LA AUDIENCIA.
La Audiencia de Barcelona, por su parte, entiende que "existen no pocos indicios de que una parte de las subvenciones que recibían las empresas controladas por Fidel Pallerols y su esposa --también imputada-- para realizar los cursos de formación ocupacional y reciclaje era destinada a financiar de forma presuntamente irregular al partido político UDC".
En su auto, contra el que no cabe recurso, la Sección Décima cree que se debe llevar a cabo la apertura de juicio oral contra ocho de los 13 imputados no aforados por fraude de subvenciones públicas, malversación de caudales, tráfico de influencias, falsedad documental y receptación, aunque mantiene el archivo de la causa por los delitos de prevaricación y cohecho.
Los imputados que, según el Tribunal, deben ir a juicio son Fidel Pallerols y su esposa, María de la Cruz Guerrero, el hijo de ambos Jaume, el militante de UDC Santiago Vallvé --condenado a prisión por el 'caso Turisme' y a la espera de juicio por el 'caso Treball-- y los antiguos cargos de la Conselleria de Trabajo Lluís Gavaldá, Dolors Llorens, Vicenç Gavaldá y Josep Enric Millo --elegido diputado del PP en las elecciones autonómicas del pasado 1 de noviembre.
En cuanto a los otros cuatro imputados, que "guardan íntima relación con UDC", la Audiencia ha confirmado el archivo provisional de la causa porque sus nombres no aparecen "ni tan siquiera mencionados" en los diferentes recursos y escritos de las partes acusadoras y en las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil.
En su auto, la Sección Décima reprocha a la juez instructora que no "llevara a cabo la menor individualización de las conductas de cada uno de los 12 imputados" no aforados --en un principio eran 13 pero uno de ellos, Juan Martín Toribio, falleció-- y que no relatara "cuál es la pretendida falta o ausencia de indicios de criminalidad en tales conductas".
"No resulta ahora admisible que en una causa tan compleja y vasta, con una instrucción de siete años, y que comprende a numerosos imputados por diferentes presuntos delitos se dicte un auto sobreseyendo sin argumentar la particular participación de todos y cada uno de los imputados en los hechos que se imputan", señala la Audiencia.
En este sentido, el Tribunal señala que "el auto dictado por el Tribunal Supremo viene referido a las concretas conductas de dos personas individualizadas por su carácter de aforados" y recuerda que "no puede servir de motivación para el sobreseimiento de los 12 imputados" porque no se refiere ni analiza su conducta.
SUBVENCIONES OBTENIDAS "INDEBIDAMENTE".
Según el auto de la Sección Décima, de la investigación se desprende que los titulares del grupo de empresas conocido como CEI --Pallerols y su esposa--, a través de la influencia del también imputado Santiago Vallvé se pusieron de acuerdo con otros imputados --pertenecientes todos ellos a UDC, bien como militantes de base, bien como responsables de cargos públicos o con cargos dentro del partido-- "urdiendo entre ellos un plan con el fin de obtener indebidamente subvenciones para los indicados cursos".
En esta trama, explica el Tribunal, Pallerols entabló contacto con el secretario general de organización de UDC --Vicenç Gavaldá--, "con quien presuntamente organizó la manera de gestionar las subvenciones que habrían de recibir sus empresas".
"Fruto de tales pactos, presuntamente se acordó el reintegro a favor del partido político de hasta el 10% de las subvenciones irregularmente obtenidas", siendo para ello necesaria "la presunta colaboración de altos cargos de UDC, tales como el delegado en Girona de la Conselleria de Trabajo --Enric Millo--, la subdirectora general --Dolors Llorens-- y el director general de ocupación --Lluís Gavaldá".
Según la Sección Décima, Jaume Pallerols intervino para conseguir "la ocultación de datos que pudieran impedir la fiscalización de las subvenciones", ya que era el encargado de todo el sistema informático en el que se cargaban los datos necesarios para obtener las subvenciones.
"Otra forma presuntamente acordada para realizar pagos --señala el auto-- era el abono de esos mismos pagos a miembros y directivos del partido con cantidades procedentes de las subvenciones concedidas mediante la inclusión de determinados funcionarios, integrados en UDC, en las nóminas de las empresas de Fidel Pallerols".
Según la Audiencia, de todo ello se infiere que "Fidel Pallerols mantenía una deuda con el partido político UDC como consecuencia de las subvenciones otorgadas --regular o irregularmente-- por la Conselleria de Trabajo a sus empresas".
