El PP cifra en 150 millones de euros el coste que deberá asumir el Govern de las indemnizaciones derivadas de la aplicación de la Ley
PALMA DE MALLORCA, 6 May. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento balear aprobó hoy la Ley de Medidas Urgentes de Protección del Territorio que amplía el ámbito de preservación en 10 áreas de Mallorca y en 5 de Ibiza, suspende los proyectos de urbanización de Ses Fontanelles (39,25) y Ses Feixes (47,03), y deroga la Ley de Campos de Golf.
Así, la norma modifica la Ley de Espacios Naturales para que se desclasifiquen zonas en suelo rústico que ya se recogían en el Decreto Ley de medidas cautelares de protección del territorio, aprobado el pasado 23 de noviembre por el Ejecutivo Autonómico.
De esta forma, queda preservada Cala Blanca (21,2 hectáreas) y Montport (25,51), en Andratx, Cala Marçal (132,6), Son Real (602,65), Alcanada (20,04), Regana (86,02), Can Vairet i alt (274,06), Muleta (4,61), El Vilar (6,75) y Cala Carbó (17,55), donde se paralizarán de forma definitiva cualquier edificación.
Asimismo, esta Ley impide cualquier urbanización en La Victoria, las Dunas de Son Real, Punta Negra-Cala Mitjana, Marina de Llucmajor, Cap de Cala Figuera-Rafalbetx, Cap des Llamp y las Áreas Naturales de la Serra de Tramuntana.
SE AÑADE LA PROTECCIÓN DE CALA SUD, EN IBIZA
En cuanto a la isla de Ibiza, la normativa especifica la ampliación de la protección de Cap Llibrell, Cap Llentrisca-sa Talaissa, Cala Comte-Cala Bassa y las Áreas Naturales del Amunts de Ibiza, lo que significa que no se podrán ejecutar urbanizaciones ni ejecutar licencias de edificación en Roca Llisa (73,77 hectáreas), Cala d'Hort (111,56), Punta de sa Pedrera (21,59) y Benirrás (14,6).
Asimismo, a propuesta del PP, se acordó en la sesión plenaria de hoy la incorporación al texto de una enmienda transacionada que amplía la protección Cala Sud, en Ibiza, que pasa a denominarse a partir de ahora 'Cap Llibrell-Cap Martinet'.
150 MILLONES DE EUROS POR INDEMNIZACIONES
Durante el debate parlamentaria, el diputado del PP, Josep Joan Cardona, reclamó al Govern que "reconozca" el coste de las indemnizaciones que deberá asumir la administración autonómica derivadas de la aplicación de la norma, cuyo coste ascenderá a los 150 millones de euros.
Así, Cardona defendió las 14 enmiendas 'vivas' a la norma, la mayoría de las cuales relativas a la isla de Ibiza, que fueron rechazadas, a excepción de la que afecta a Cala Sud.
El diputado 'popular' sostuvo que el Govern deberá recalificar suelo "para compensar la protección de determinados espacios" en municipios de la isla, tales como Sant Antoni o Sant Josep, lo que según dijo, "no supondrá ninguna protección, sino al contrario, comportará un mayor consumo del territorio".
AMPLIO APOYO
Por su parte, la diputada del Grupo Mixto, Marián Suárez, criticó al PP por presentar enmiendas "con el único objetivo de reducir el grado de protección territorial de las Pitiusas", puesto que, en su opinión, dichas aportaciones representan "una mayor permisividad urbanística".
El portavoz de UM, Bartomeu Vicens, mostró su apoyo a la "filosofía y objetivos" de la Ley acordada porque "supone un avance en la protección del territorio, lo que representa una inversión de futuro", afirmó.
No obstante, Vicens puso el acento en la necesidad que tiene la sociedad balear de "estabilidad normativa", al tiempo que consideró que "no es bueno" que en cada legislatura se cambien las leyes".
Desde el Bloc per Mallorca, Miquel Angel Llauger, también se felicitó por la aprobación de la Ley que, recordó, "deja imágenes para la historia, como la del PP en Cala Blanca pidiendo su protección", área que junto con Cala Marçal -también reclamada por la oposición-, han quedado finalmente protegidas.
Asimismo, el diputado socialista, Joan Boned, acusó al PP de defender una "protección ficticia", al reclamar ahora más protección en Ibiza, cuando, recordó, en la anterior legislatura "no protegió ningún terreno, sino al contrario, eliminó espacios preservados, propiciando la especulación", afirmó.
DEROGACIÓN DE LA LEY DE CAMPOS DE GOLF
La nueva norma también fija las determinaciones aplicables en los campos de golf, como consecuencia de la derogación íntegra de la Ley de Campos de Golf, aprobada en 1998. De este modo, se posibilita la denegación de la Declaración de Interés General de los campos de golf en base a unos criterios de inoportunidad respecto a la incidencia que puedan tener estas instalaciones deportivas y también se prohibirá los usos residenciales o de alojamiento turístico en las mismas.
Un ejemplo de ello, es la prohibición de la oferta complementaria en los campos de golf de Ibiza, con la cual el PP ha mostrado su desacuerdo.
Finalmente, mediante esta Ley, se incorporarán dos nuevas fincas de utilidad pública y sanitaria en Son Espases, que ascienden a 17,29 hectáreas, y que serán compatibles con la preservación del Monasterio de La Real.
