MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -
Las formaciones políticas han acordado que la nueva Ley de Financiación de Partidos Políticos permita que las empresas puedan hacerles donaciones, siempre que sean transparentes y se conozca a la entidad donante, y que se fije un tope máximo anual, que todavía está por determinar.
Así lo señaló esta tarde en rueda de prensa el presidente del grupo parlamentario de ERC en el Congreso, Agustí Cerdà, quien agregó que esa cuantía máxima habrá de estar entre los 30.000 y los 150.000 euros anuales, y que en su opinión podría fijarse concretamente en torno a los 60.000 euros.
El Congreso tiene pendiente desde hace años la reforma de la Ley de Financiación, que data de 1987 y cuya actualización viene siendo reclamada por el Tribunal de Cuentas informe tras informe. El 20 de noviembre se dio un paso al tomarse en consideración una proposición de ley de ERC por unanimidad, pero la iniciativa no ha llegado a avanzar. Tras sucesivas prórrogas, las enmiendas de los grupos se registraron en en el Congreso en junio de 2006 y el siguiente paso, la constitución de la ponencia para empezar a discutir el articulado, sigue pendiente de fecha, ocho meses después.
La propuesta de ERC regula dos vías de financiación a los partidos: por un lado, las aportaciones públicas para su funcionamiento, los procesos electorales y sus grupos parlamentarios, y por otro las donaciones privadas, que deberán proceder de personas físicas (no empresas), que no podrán ser anónimas y que no excederán de 30.000 euros anuales para un mismo contribuyente, con posibilidad de desgravar.
En las negociaciones que se han mantenido en estas semanas se mantiene el objetivo de suprimir las donaciones anónimas, pero desde el PSOE se ha abierto la vía a las aportaciones de personas jurídicas (empresas), siempre que sean públicas y por una cuantía limitada.
Según Cerdà, ese límite aún no está definido y deberá cerrarse con el máximo consenso de los grupos parlamentarios. Su idea es que ronde los 60.000 ó 70.000 euros, aunque dependerá de las negociaciones abiertas.
Y es que el límite de las donaciones de una misma persona, que en la propuesta inicial de ERC se sitúa en 30.000 euros al año, es uno de los puntos más discutidos en las enmiendas registradas en la Cámara. Así, el PNV quiere duplicar esa cuantía hasta los 60.000 euros, CiU aboga por elevarla a 100.000 y el BNG pretende llegar incluso a 150.000 euros. "Sea cuál sea el límite, lo fundamental es que sea público", enfatizó.
TAMBIÉN, MÁS TRANSPARENCIA.
El dirigente de ERC sostiene que abrir la vía de las donaciones de empresas debe ir acompañado de más transparencia, publicidad de los donantes y mayor control para el Tribunal de Cuentas, incluso con capacidad sancionadora. Lo mismo piensa de la financiación pública, que al a aumentar deberá ser también más ágil y más transparente.
Lo que ya se da por despejada es la cuestión de la prohibición de las donaciones anónimas, donde la reforma venía encallando en intentos anteriores porque las formaciones de izquierda (PSOE, ERC e IU-ICV) chocaban con las resistencias del PP y de los nacionalistas catalanes y vascos, principales beneficiarios de esta vía de financiación.
De hecho, en el debate parlamentario de 2005 el PP ya anunció la aceptación de la supresión de las donaciones anónimas en aras del consenso y así lo ha confirmado en las enmiendas presentadas. La principal divergencia está en CiU, que aboga por eliminar los artículos de la iniciativa de ERC donde expresamente se prohíben las donaciones anónimas y donde se exige la identificación fiscal del particular que aporta fondos a un partido político.
CONDONACIONES DE DEUDA.
En cuanto a las operaciones de condonación de deuda, la sombra que arrastra el PSOE desde el endeudamiento que le provocó el referéndum de la OTAN de hace 20 años, los negociadores creen que habrá un consenso general para admitirlas, aunque exigiendo también mayor transparencia.
De hecho, en sus enmiendas ERC completaba su proposición de ley exigiendo una regulación expresa de las operaciones de condonación de deuda que incluyese el requerimiento de una autorización previa. El PP, por su parte, aboga por prohibir a los partidos condonaciones de deuda que superen los 90.000 euros anuales.
Aprovechando que no hay actividad ordinaria en enero, socialistas y republicanos han multiplicado sus gestiones con el resto de grupos para convocar a la ponencia parlamentaria en febrero y lograr un consenso que permita acelerar los trámites y aprobar la reforma antes del verano.
