MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -
Las asociaciones de jueces Francisco de Vitoria y Jueces para la Democracia (JpD) y la Asociación de Fiscales celebraron hoy en declaraciones a Europa Press, la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) por el Tribunal Supremo, ya que consideran que es en este momento cuando se dispone de las pruebas necesarias que relacionan al partido con la banda terrorista ETA.
No obstante, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) recordó que ellos denunciaron "en su día" que "ya había razones más que sobradas" para que se hubiera impugnado la candidatura de PCTV antes de celebrarse las Elecciones Generales del pasado mes de marzo.
El coportavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Ignacio Espinosa, destacó que la ilegalización del partido ha demostrado el correcto funcionamiento del Estado de Derecho y que, por esto mismo, sólo ha sido posible llevarla a cabo cuando el Tribunal Supremo "ha tenido medios y pruebas suficientes".
En cuanto al momento de la ilegalización, cercano a las elecciones autonómicas vascas, Espinosa considera que el Estado de Derecho no funciona "por oportunidad política". "Hay que convencer a un tribunal, y a un tribunal no se le convence por indicios sino por pruebas suficientes", remachó.
"ETA PUEDE REORGANIZAR PASADO MAÑANA OTRO PARTIDO"
El miembro de la Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, también defendió el momento del fallo del Tribunal Supremo y advirtió de que si el Ministerio Fiscal o el abogado del Estado se hubieran "precipitado" hubiera podido salir adelante "una sentencia absolutoria por falta de pruebas". "Los tiempos en la justicia no son los tiempos políticos", respondió a quienes creen que la formación abertzale podría haberse disuelto con anterioridad.
Además, advirtió de la posibilidad de que el entramado de ETA reorganice "pasado mañana" otro partido, aunque consideró que a medida que el Estado tiene un mayor material probatorio, "de nada menos que tres ilegalizaciones", cada vez será "más fácil" obtener los indicios de "posibles fraudes". "En la medida en que se vayan sumando ilegalizaciones, la posibilidad de seguir buscando partidos se les va cerrando", aseguró.
El representante de la asociación también replicó a formaciones como Aralar, quien volvió a solicitar la abolición de la Ley de Partidos, que esta normativa es "impecable, perfectamente constitucional y parecida a la existente en otros países" y agregó que en el caso del PCTV han quedado probadas sus actuaciones "delictivas, como el amparo, colaboración o impulso del terrorismo".
De otro lado, el portavoz de la Asociación de Fiscales, Guillermo García Panasco, afirmó que respetan la decisión judicial "como hacen siempre", aunque admitió que "no tienen demasiados datos para pronunciarse" al respecto.
Por otro lado, considera acertado que la ilegalización se haya producido en este momento, ya que "se han tenido en cuenta hechos sucedidos con posterioridad al periodo electoral", por lo que "se puede entender" que antes de celebrarse las Elecciones vascas "no se tuvieran todos los datos disponibles".
"YA EN SU DÍA HABÍA RAZONES MÁS QUE SOBRADAS"
Por el contrario, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, manifestó que, a pesar de que el tiempo "sirve para poder analizar las cosas desde la calma y con muchos más elementos de juicio, ya en su día había razones más que sobradas" para que esas candidaturas se hubiesen impugnado en su totalidad.
De esta manera afirmó que "se hubiese evitado un efecto como el que ahora ocurre y es que determinadas personas que perteneciendo a un partido que ha sido ilegalizado y disuelto sigan ocupando sus escaños o correspondientes puestos como concejales en las corporaciones municipales a las que accedieron bajo la marca y el signo de un partido determinado".
"El PCTV ha acabado siendo puesto fuera de circulación lisa y llanamente por ser máscara de un partido previamente ilegalizado y disuelto como era Batasuna por pertenecer al entramado de eso que se denomina coloquialmente 'el mundo de ETA'", explicó.
No obstante, defendió que "esta percepción, en estos momentos, no puede ser otra" y expresó su "absoluta convicción" de que ante una medida de tanta trascendencia como es la ilegalización y consiguiente disolución de un partido político, es "una medida absolutamente extraordinaria" que aseguró "afecta a un derecho fundamental como es la participación política de un alcance e importancia absolutamente evidentes".
